Cuestionan incapacidad del MINERD para resolver déficit de aulas, no valen protesta ni gestiones en el ministerio.
SANTIAGO, RD.— La paralización durante más de 14 años de la construcción del Liceo Prof. Altagracia Del Carmen Gutiérrez, en La Charca, Santiago, pone nuevamente en evidencia las dificultades del Ministerio de Educación (MINERD) para resolver de manera efectiva el déficit de aulas que afecta a numerosas comunidades del país.
La denuncia está contenida en un proyecto de resolución presentado por la diputada de la Fuerza del Pueblo de Sanitago, Llaniris Espinal, mediante el cual solicita al presidente Luis Abinader, a través del Ministerio de Educación, disponer la terminación urgente, equipamiento y puesta en funcionamiento del centro educativo.
Para la legisladora, el caso resulta especialmente preocupante porque la infraestructura presenta un avance físico superior al 95 %, pero permanece sin terminar, equipada ni entregada a la comunidad después de más de una década. Es decir, se trata de una obra prácticamente concluida que continúa sin cumplir la función para la que fueron invertidos recursos públicos.
Un problema que trasciende a La Charca
La situación del liceo de La Charca es presentada como un ejemplo de un problema mayor: mientras el sistema educativo dominicano mantiene necesidades de infraestructura y déficit de aulas, existen centros educativos cuya construcción permanece paralizada durante años, incluso cuando registran altos niveles de ejecución.
La falta de una respuesta efectiva para concluir y poner en funcionamiento estas obras refleja, además, una ausencia de planificación y capacidad de gestión para aprovechar infraestructuras que ya representan inversiones millonarias del Estado.
En el caso de La Charca, el crecimiento demográfico de la comunidad ha incrementado la demanda de servicios educativos, mientras cientos de estudiantes continúan enfrentando dificultades para recibir docencia en condiciones adecuadas.
La situación obliga a numerosos jóvenes a trasladarse diariamente hacia otras localidades para cursar el nivel secundario, generando mayores gastos para las familias y exponiendo a los estudiantes a riesgos asociados con los desplazamientos.
¿Dónde está el plan para terminar las obras?
El caso también plantea interrogantes sobre la estrategia del Ministerio de Educación para enfrentar el déficit de aulas. No basta con anunciar nuevas construcciones si decenas de centros educativos permanecen inconclusos o sin habilitar, algunos con porcentajes de ejecución que permitirían ponerlos en funcionamiento con una inversión relativamente menor frente al costo de construir nuevas escuelas.
La resolución advierte que mantener parcialmente abandonada una obra ejecutada en más de un 95 % constituye un deterioro del patrimonio público y un uso ineficiente de los recursos invertidos por el Estado durante más de una década.
La pregunta que surge es por qué el MINERD no dispone de un plan nacional de rescate, terminación, equipamiento y puesta en funcionamiento de los centros educativos inconclusos, priorizando aquellos que se encuentran en etapas avanzadas de construcción y que podrían contribuir rápidamente a reducir el déficit de aulas.
Una deuda con los estudiantes
La comunidad de La Charca ha reclamado durante años la terminación del liceo mediante gestiones y solicitudes ante las autoridades, sin lograr que el proyecto sea definitivamente concluido.
Para la diputada Espinal, la solución debe ser inmediata: concluir el porcentaje restante de la obra, equiparla y garantizar su incorporación al calendario de habilitación escolar. La resolución también solicita que se agilicen las partidas presupuestarias y los procesos técnicos necesarios para su apertura.
El caso de La Charca deja una interrogante que el Ministerio de Educación debe responder: ¿cómo es posible que un liceo con más del 95 % de ejecución permanezca cerrado durante más de 14 años mientras comunidades enteras continúan reclamando aulas?
La terminación de este centro no debería ser presentada como una obra nueva, sino como una obligación pendiente del Estado y una inversión pública que debe comenzar a producir resultados para los estudiantes.
