CIUDAD DE MÉXICO.– Expertos en derecho ambiental y penal de 14 países de América Latina culminaron en Ciudad de México la elaboración de una Ley Modelo de Ecocidio, concebida como un marco jurídico de referencia para que los congresos de la región pudieran tipificar penalmente las formas más graves de destrucción ambiental.
El instrumento jurídico fue presentado el pasado 1 de octubre en la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, luego de un proceso de consulta pública y sesiones de trabajo en las que participaron 74 expertos de 14 países latinoamericanos.
El proceso concluyó con una conferencia de redacción de dos días, en la que participaron más de 30 especialistas jurídicos, quienes trabajaron en la construcción de un texto diseñado para los sistemas jurídico de América Latina y que podría ser adoptado o adaptado por los parlamentos nacionales.
La iniciativa fue liderada por Stop Ecocidio Internacional, en colaboración con la Asociación de Investigadores en Derecho Penal Ambiental y Climático (AIDPAC), el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), la Universidad Iberoamericana, el Centro Transdisciplinario para la Sostenibilidad (CENTRUS) y la Alianza de Clínicas de Derecho Ambiental de América Latina y el Caribe.
La República Dominicana estuvo representada por la Fundación Ecológica Tropical (FUNDETROP), a través de su fundador, Nelson Reyes Estrella, abogado, periodista, politólogo y docente de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), quien participó en el proceso regional de discusión y elaboración de la Ley Modelo de Ecocidio para América Latina.
Responsabilidad penal por los daños ambientales más graves
La Ley Modelo estableció un umbral penal para las formas más graves de destrucción ambiental y planteó la posibilidad de establecer responsabilidad penal individual para quienes ocupen posiciones de decisión y causen, de manera consciente, daños graves, extensos o duraderos al medio ambiente.
El objetivo planteado por sus promotores no fue únicamente sancionar los daños después de producidos, sino también generar un efecto disuasorio para evitar decisiones que pudieran provocar una destrucción ambiental de gran magnitud.
El texto tomó como base la definición de ecocidio formulada en 2021 por un Panel de Expertos Independientes, que lo definió como:
“Cualquier acto ilícito o arbitrario perpetrado a sabiendas de que existen grandes probabilidades [de] causar daños graves, extensos o duraderos al medio ambiente”.
Expertos destacaron importancia de la iniciativa
Rodrigo Lledó Vásquez, director para las Américas de Stop Ecocidio Internacional, destacó que la elaboración del instrumento había sido resultado de un proceso participativo que incorporó la experiencia jurídica y las realidades ambientales de distintos países de la región.
Jojo Mehta, directora general y cofundadora de Stop Ecocidio Internacional, señaló que la legislación sobre ecocidio había avanzado en diferentes partes del mundo y que la Ley Modelo ofrecía a los legisladores latinoamericanos una vía para adaptar el delito a sus respectivos ordenamientos jurídicos.
Por su parte, Gustavo Alanís, director del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, afirmó que América Latina albergaba algunos de los ecosistemas más ricos del planeta y sostuvo que debía establecerse un límite jurídico frente a las formas más graves de destrucción ambiental.
Jorge Peláez Padilla, académico de la Universidad Iberoamericana y coordinador de la Clínica Jurídica para la Justicia Ambiental “Berta Cáceres”, destacó los riesgos que habían enfrentado los defensores ambientales y las comunidades que se oponían a proyectos de destrucción ambiental.
Desde Argentina, el abogado ambientalista Rafael Colombo calificó la Ley Modelo como un hecho histórico para la región y sostuvo que podía fortalecer la justicia ecológica frente a daños masivos contra ríos, mares, bosques, humedales, montañas y otros ecosistemas.
Mientras tanto, Paulo Busse, abogado criminalista y ambientalista y coautor del proyecto de Ley de Ecocidio de Brasil, afirmó que la tipificación del ecocidio resultaba urgente tanto a nivel nacional como internacional.
De igual manera, Nelson Reyes Estrella dijo que la Ley Modelo de Ecocidio representa un paso trascendental para América Latina y, particularmente, para República Dominicana, porque coloca la protección de la naturaleza y la defensa de nuestros ecosistemas estratégicos en el ámbito de la responsabilidad penal.
“No podemos continuar tratando como simples infracciones administrativas los daños ambientales graves que comprometen nuestras fuentes de agua, bosques, biodiversidad y el futuro de las próximas generaciones”, afirmó Reyes Estrella.
América Latina enfrenta una grave pérdida de biodiversidad
La presentación de la Ley Modelo tiene lugar en un contexto marcado por una acelerada pérdida de bosques, biodiversidad y ecosistemas en América Latina.
De acuerdo con las cifras divulgadas durante el proceso, entre 2015 y 2025 Sudamérica perdió un promedio de 4.10 millones de hectáreas de bosque por año, lo que representó la mayor pérdida forestal registrada en el mundo durante esa década. La cifra incluyó más de 10 millones de hectáreas de bosques primarios.
La región también registró una de las mayores disminuciones mundiales de poblaciones de vida silvestre monitoreadas, con un declive promedio del 95 % entre 1970 y 2020.
Asimismo, América Latina había sido identificada como la región más peligrosa para los defensores del ambiente y del territorio. Según los datos presentados por los organizadores, la región concentró el 85 % de los asesinatos documentados de defensores ambientales en 2025.
El ecocidio avanzó en el derecho internacional
La iniciativa latinoamericana se produjo mientras avanzaba el debate para incorporar el ecocidio al derecho penal internacional.
En septiembre de 2024, Vanuatu, Fiyi y Samoa presentaron una propuesta formal para modificar el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional e incorporar el ecocidio como un quinto crimen internacional, junto al genocidio, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra y el crimen de agresión.
También se habían aprobado legislaciones nacionales relacionadas con el ecocidio en Azerbaiyán, Bélgica y Mauricio, mientras iniciativas o procesos legislativos avanzaban en países como Brasil, Perú, Argentina, México, Italia, India, Países Bajos y Escocia.
Una herramienta para los congresos de América Latina
La Ley Modelo de Ecocidio no constituyó una legislación obligatoria para los países participantes, sino una propuesta jurídica que podía ser estudiada, adoptada o adaptada por los congresos nacionales.
Sus promotores señalaron que el instrumento abría una nueva línea de acción para que los Estados latinoamericanos incorporaran el ecocidio como delito en sus códigos penales y fortalecieran la investigación de los daños ambientales más graves.
Con la culminación del proceso en Ciudad de México, los especialistas entregaron a América Latina un instrumento jurídico regional que podrá ser utilizado como referencia por los legisladores interesados en incorporar el ecocidio a sus respectivas legislaciones nacionales.
