Editorial
En los medios de comunicación se observa, con marcada insistencia, una narrativa orientada a lavar la imagen del presidente de la República en relación con el escándalo financiero que envuelve al Seguro Nacional de Salud (SeNaSa). Comentarios, análisis y opiniones que aparentan objetividad intentan reducir el caso a errores administrativos o a la actuación aislada de un reducido grupo de funcionarios. Sin embargo, esa versión oficial deja más dudas que certezas y evade el núcleo del problema: la responsabilidad política del presidente Luis Abinader.
Resulta difícil creer que un grupúsculo de personas haya podido movilizar miles de millones de pesos desde la Cuenta Única del Tesoro y el Banco del Estado sin el conocimiento o, al menos, sin la debida supervisión del Poder Ejecutivo. ¿Cómo se autorizaron esos recursos? ¿Quién dio las órdenes? ¿Qué controles fallaron o, peor aún, fueron deliberadamente ignorados?
Más inquietante aún es el origen de los fondos utilizados en el contexto electoral. ¿De dónde salió realmente el dinero de la campaña? ¿Puede sostenerse, con seriedad, que el presidente desconocía la procedencia de miles de millones de pesos mientras se ejecutaba un proceso de reelección altamente costoso? La transparencia no se proclama; se demuestra. En el mismo expediente llama la atención las palabras «aportó para la campaña» o hay que ayudarlo..
Cuando estalló la denuncia pública sobre SeNaSa, el presidente negó categóricamente la existencia de un hoyo financiero. Hoy, el Ministerio Público estima un déficit superior a los 15 mil millones de pesos, mientras otras versiones advierten que la cifra real podría superar los 100 mil millones. ¿Mintió el presidente o fue desinformado? En ambos casos, el escenario es grave y políticamente insostenible.
La incorporación de más de dos millones de afiliados sin una evaluación técnica rigurosa de la sostenibilidad del sistema plantea interrogantes aún más profundas. ¿Se trató de una política social responsable o de un plan deliberado con fines electorales, ejecutado en perjuicio del Estado y de los propios asegurados? ¿Dónde estaban los informes actuariales? ¿Quién los aprobó?
Los dos millones del regimen subsidiados introducidos de manera aceleradas, ¿fue el escudo para inclubar el mayor caso de corrupción en la República Dominicana? ¿ Por qué se aceleró su entrada? ¿ Hubo una evaluación previa de la sostenibilidad?.
Llama la atención la serenidad con la que se muestra Santiago Hazim en medio de la tormenta. ¿Qué conversó el presidente con la hija de este, quien —según informaciones que han circulado— habría visitado el Palacio Nacional para solicitar clemencia en favor de su padre? El silencio oficial frente a estas versiones solo alimenta la sospecha.
Tampoco puede obviarse el rol de los órganos de control. ¿Qué explicación ofrece la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG) ante el supuesto 100 % de transparencia que se le atribuía a SeNaSa durante su gestión? ¿Cómo se justifica que una institución señalada como modelo hoy esté al borde del colapso financiero?
¿ La vicepresidente no es la jefa del gabinete de Salud? y el ministro de Salud, ¿Lo llamará a capitulo la justicia? recordar que Plutarco Arias dijo cuando fue destituido del ministerio dijo “repuesta a una ola de incidencia y chantaje» y citó el versículo bíblico “Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres”.
La pregunta central sigue sin respuesta: ¿está realmente libre de culpa el presidente de la República o simplemente no sabía del desfalco? Y si no sabía, ¿qué dice eso sobre los niveles de control, supervisión y responsabilidad política de su gobierno?
¿Traicionó Hazim la confianza presidencial o fue parte de un plan que salió mal? ¿Existen otros “casos SeNaSa” incubándose en instituciones del Estado? ¿Deben activarse los protocolos de investigación solo cuando el escándalo estalla o basta el rumor persistente para prevenir daños mayores?
Finalmente, la interrogante más dolorosa y humana: ¿por qué el presidente no ha autorizado una auditoría integral, independiente y pública que permita determinar si la mala gestión y el colapso financiero de SeNaSa provocaron, directa o indirectamente, la muerte de cientos de dominicanos a quienes se les negó oportunamente el acceso a servicios de salud?
Estas preguntas no pueden ser acalladas con discursos ni con campañas mediáticas. En una democracia, la rendición de cuentas no es opcional. El pueblo dominicano tiene el derecho —y el deber— de exigir respuestas claras, responsabilidades establecidas y consecuencias reales. El caso SeNaSa no es solo un escándalo financiero: es una prueba decisiva para la credibilidad del poder y la salud de la democracia.
