Se ha visto cierto intento de forzar la narrativa para vincular este escándalo con el gobierno anterior, y, aunque la mayoría de los dominicanos conocen los innegables y atroces casos de corrupción de los gobiernos del PLD en el caso de SENASA ignoran lo esencial: este seguro funcionaba de manera eficiente y ejemplar durante la gestión pasada, reconocido por la ciudadanía como uno de los servicios públicos mejor valorados del país.
La ruta hacia su colapso fue muy clara. Primero, incorporaron dos millones adicionales de afiliados al régimen subsidiado, sin realizar una evaluación exhaustiva sobre la capacidad administrativa, financiera y tecnológica para sostener el aumento. Ese hacinamiento en el sistema abrió las puertas al entramado de corrupción que hoy estalla: facturas de servicios falsos emitidas a nombre de personas que nunca recibieron los servicios cobrados o fallecidas.
Pero nada fue casual. Destruir la credibilidad de SENASA tenía un propósito claro: impulsar el negocio de los seguros privados, pues con el prestigio que había alcanzado, la mayoría de la población comenzaba a preferir SENASA por encima de las aseguradoras privadas. Para ciertos intereses, eso era inaceptable. Por eso, no se trata de ingenuidad: esto fue un plan articulado desde el propio gobierno del PRM y grupos empresariales vinculados al sector salud, es por esta razón que cuando la oposición encabezada por la Fuerza del Pueblo, y medios de comunicación hicieron las denuncias, el presidente Luis Abinader negó diciendo: «Parece que los amigos de la oposición quieren que los 2,400,000 dominicanos y dominicanas que integramos al Senasa, cancelemos esa integración y que se queden sin Seguro Familiar de Salud. No hay un déficit, se necesita un aporte extra del Estado como lo estamos haciendo. Eso es calidad del gasto, invertir los recursos del pueblo en la salud de los dominicanos”.
Y ahora, para cerrar el círculo, intentarán lavar el dinero robado, en los tribunales, mientras el descrédito de lo público empuja a más ciudadanos hacia el sector privado, debilitando aún más el sistema estatal, así la ganancia es de partida doble y el único perdedor es el pueblo cada vez más pobre y endeudado y con un sistema de salud sin capacidad para dar soluciones.
Este caso, en lo adelante lejos de garantizar justicia en los casos de corrupción de los gobiernos anteriores encabezados por el PLD, los reivindica y les sirve de coartada. Así se garantiza negociar acuerdos con escándalos pasados como ya se ha hecho, preparando el terreno para acuerdos futuros que beneficien a funcionarios que han atentado contra la salud del pueblo dominicano y que el unico acuerdo judicial que merecerían es la pena de muerte en una plaza pública, pero mientras la pobreza aumenta y los cirruptos lavan miles de millones, la discusión entre los seguidores de distintos grupos políticos, principalmente entre peledeustas y perremeistas, se reduce a un absurdo: cuál gobierno ha robado más.
El desfalco de SENASA no es cualquier caso, cuado se dice que es un crimen contra la humanidad es por la cantidad de persona que, probablemente murieron esperando un servicio de salud y que el seguro le negó, mientrás miles de millones eran desviados de la cuenta única del Estado, tambien a aquellas que estando fallecidas se le facturó, entonces, caben algunas preguntas ¿cuántas personas murieron? ¿se va a permitir un acuerdos o se le va quitar de manera forzosa el dinero robado?
En toda esta trama, hay una verdad que no puede maquillarse: el principal responsable que debe ser investigado es el presidente de la República, porque el dinero ha sido utilizado para favorecer su reelección presidencial, frase como «aportó en la camoaña» o «hay que ayudarlo» lo evidencian, sumado tambien que éste recibió, directa o indirectamente, dinero del narcotráfico.
