La autorización del gobierno dominicano para el uso del Aeropuerto de San Isidro por Estados Unidos es una decisión contraria a la Constitución y a la tradición diplomática dominicana.
La reciente autorización otorgada por el gobierno dominicano para que los Estados Unidos utilicen el aeropuerto militar de San Isidro como plataforma para operaciones contra el narcotráfico Internacional nos lleva a una profunda reflexión en el contexto del debate jurídico, político y geopolítico.
Esta decisión, asumida bajo el liderazgo del presidente Luis Abinader, no sólo plantea interrogantes sobre su legalidad constitucional, sino que también revela la magnitud de las presiones externas a las que está sometida la República Dominicana en el actual contexto hemisférico, por la vinculación de funcionarios del gobierno ejecutivo y legislativo al tráfico internacional de sustancias ilícitas.
Desde la perspectiva de la teoría del espacio vital, toda potencia procura asegurar territorios estratégicos, no necesariamente por ocupación formal, sino por control funcional, para expandir su influencia política, militar o económica. En este marco, la autorización para que un Estado extranjero utilice instalaciones militares dominicanas constituye una cesión espacial operativa: no implica transferencia de soberanía, pero sí habilita la presencia, acción y logística de una potencia dentro del territorio nacional.
Esta dinámica se conecta directamente con las tensiones regionales, especialmente la presión que Estados Unidos ejerce sobre Venezuela y sobre los corredores del Caribe utilizados por redes internacionales de narcotráfico. Desde esta óptica, la República Dominicana aparece como un punto de apoyo clave para la estrategia estadounidense, lo que explicaría la intensidad de las presiones diplomáticas y de seguridad en el presente escenario.
En este contexto, el aumento de casos de narcotráfico y extradiciones hacia los Estados Unidos ha puesto al gobierno dominicano en una posición de vulnerabilidad política. Sin alternativas claras y ante el temor de ser percibido como permisivo frente al crimen organizado, el Poder Ejecutivo parece haber optado por una decisión extrema: ceder espacio militar a una potencia extranjera, aun a riesgo de violar principios constitucionales fundamentales.
Violaciones constitucionales: Artículo 128 y Artículo 3
La Constitución de la República Dominicana establece límites precisos respecto a la forma en que el Poder Ejecutivo puede celebrar acuerdos internacionales.
El Artículo 128, que regula las atribuciones del presidente de la República, es categórico: todo acuerdo internacional suscrito por el presidente, como jefe de Estado o de gobierno, debe contar con la autorización previa del Congreso Nacional, primer poder del Estado y órgano esencial de control democrático.
Si el acuerdo que permite el uso del aeropuerto de San Isidro por fuerzas estadounidenses fue suscrito sin la intervención y aprobación del Congreso, entonces estamos frente a una violación directa del orden constitucional y de la separación de poderes.
Pero más grave aún es lo dispuesto por el Artículo 3 de la Constitución, que prohíbe la celebración de acuerdos internacionales que vulneren la independencia, soberanía e integridad territorial de la República Dominicana.
El artículo 3 de la carta magna, establece la inviolabilidad de la soberanía y principio de no intervención: “La soberanía de la Nación dominicana, Estado libre e independiente de todo poder extranjero, es inviolable. Ninguno de los poderes públicos organizados por la presente Constitución puede realizar o permitir la realización de actos que constituyan una intervención directa o indirecta en los asuntos internos o externos de la República Dominicana o una injerencia que atente contra la personalidad e integridad del Estado y de los atributos que se le reconocen y consagran en esta Constitución. El principio de la no intervención constituye una norma invariable de la política internacional dominicana.”
Permitir operaciones militares de una potencia extranjera dentro de una base militar dominicana constituye, al menos en términos jurídicos, una afectación al ejercicio pleno de la soberanía nacional. La decisión del gobierno parece no solo jurídicamente cuestionable, sino incompatible con el espíritu constitucional que enmarca la identidad política y territorial del Estado dominicano.
Un giro contrario a un siglo de política exterior dominicana.
Lo más preocupante de esta autorización es que representa un retroceso respecto a la postura histórica de la República Dominicana en materia de derecho internacional.
Durante la Conferencia de La Habana de 1928, el país jugó un papel protagónico al promover uno de los principios más trascendentales del derecho internacional contemporáneo: el principio de No Intervención. La República Dominicana defendió entonces la idea de que ningún Estado puede intervenir, directa o indirectamente, en los asuntos internos de otro. Ese principio se convirtió en pilar de la convivencia hemisférica y ha sido bandera de nuestra diplomacia durante casi cien años.
La decisión del actual gobierno contradice abiertamente esa tradición diplomática. Al permitir que una potencia extranjera utilice instalaciones militares nacionales, el país no solo se somete a presiones externas, sino que contribuye a erosionar el mismo principio que durante décadas defendió con firmeza en foros internacionales
La autorización concedida a los Estados Unidos para utilizar el aeropuerto militar de San Isidro no puede analizarse únicamente como un acto operativo para combatir el narcotráfico. Es, en realidad, una decisión con profundas implicaciones constitucionales, geopolíticas e históricas.
En resumen, la decisión del gobierno dominicana viola el Artículo 128, al no contar, con autorización legislativa, contraviene el Artículo 3, al comprometer elementos esenciales de la soberanía nacional, se aparta del principio de No Intervención, legado diplomático dominicano desde 1928 y evidencia la magnitud de la presión ejercida por los Estados Unidos, tanto por el auge del narcotráfico como por la reconfiguración estratégica del Caribe ante la situación de Venezuela.
Finalmente, aunque en otra opinión hablaremos si puede la República Dominicana decirle no a los Estados Unidos; es evidente que más allá de su justificación, esta decisión representa una grave señal de debilitamiento institucional y una peligrosa cesión de espacios soberanos que podría comprometer la capacidad del Estado dominicano para tomar decisiones independientes en el futuro y naturalmente la injerencia de Estados Unidos en su espacio vital utilizado como instrumento geopolítico en el caribe.
