La Reforma Constitucional

Opinión / Llaniris Espinal

La discusión sobre la reforma constitucional es un tema recurrente en muchos países, y República Dominicana no es una excepción. Este proceso, que implica modificar la Carta Magna de una nación, puede ser visto como una oportunidad para adaptar las leyes fundamentales a los cambios sociales, económicos y políticos de la realidad contemporánea. Sin embargo, también puede ser percibido como un riesgo de desestabilización política y de erosionar los principios democráticos básicos.

 Una reforma constitucional puede permitir actualizar las leyes del país para responder a los desafíos actuales, como la globalización, la tecnología y los nuevos derechos humanos. Por ejemplo, se podría modificar la Constitución para incluir disposiciones sobre el derecho al acceso a internet o la protección de datos personales.

 Las sociedades cambian con el tiempo, y las Constituciones deben evolucionar para reflejar estos cambios. Una reforma puede ayudar a resolver problemas sociales y económicos que no estaban contemplados en la Carta Magna original.

 Fortalecimiento de la Democracia: Una reforma constitucional puede ser una oportunidad para mejorar los mecanismos de participación ciudadana y fortalecer las instituciones democráticas. Por ejemplo, se podría ampliar el acceso a la información pública o establecer límites al poder del Ejecutivo.

Legitimidad: Una reforma constitucional puede ayudar a restaurar la legitimidad de las instituciones del Estado si la población percibe que las leyes fundamentales no están adaptadas a sus necesidades.   Pero cuando las intenciones son otras el proceso de reforma constitucional puede ser fuente de conflictos y tensiones políticas, especialmente si no se lleva a cabo de manera consensuada. Además, los cambios en la Constitución pueden afectar el equilibrio de poderes y la estabilidad del sistema político.

 Una reforma constitucional mal diseñada puede poner en riesgo los derechos fundamentales de los ciudadanos.   En este caso no es una prioridad nacional modificar la carta magna para algunos puntos ya establecidos en la misma Constitución actual. En el esquema actual los puntos que se pretende modificar como es el caso del procurador independiente; el art. 174 de la Constitución establece que este funcionario goza de autonomía e independencia en sus decisiones, lo único diferente sería que en el esquema actual lo nombra el presidente de la República y en la propuesta de modificación lo nombraría el consejo nacional de la magistratura pero por una terna presentada por el mismo presidente y en este caso sería inamovible por tiempo determinado.             

 Otro de los puntos es la reelección presidencial, la actual Constitución establece en su art. 124 que, la reelección en dos periodos consecutivos y nunca más, esto significa que la Constitución tiene su candado, y lo único que se necesita es la cultura del respeto.  Visto esto no quedan claras las intenciones del ejecutivo y nos permite inferir que, detrás de esta reforma puede estar el interés de habilitar el presidente actual que está inhabilitado para presentarse a un tercer mandato presidencial.                          

   Cómo legisladores el principal interés en estos momentos sería cumplir con los mandatos que manan de la Constitución de 2010 como por ejemplo la ley del referéndum consultivo establecida en el art.  210.