La Alianza para el Desarrollo en Democracia y la lucha contra el crimen organizado

Por ROMMEL SANTOS DIAZ

Uno de los ejes fundamentales de la Alianza para el Desarrollo en Democracia son los desafíos del crimen organizado transnacional  acompañado del problema mundial de las drogas  y el terrorismo , debido a la inmensa cantidad de recursos que deben destinar los países de la región  para hacer frente a esta problemática.

Es por ello que la Alianza para el Desarrollo en Democracia debe unirse  a los países de la región  que apoyan la creación de una Corte Penal Latinoamericana y del Caribe Contra el Crimen Transnacional Organizado (COPLA) que permita la persecución y el juzgamiento, en la región, del  crimen transnacional organizado, y a la campaña que se esta desarrollando a favor de la constitución de esta Corte.

América Latina y el Caribe se ha convertido en la región con mayores índices de violencia del mundo, según las estadísticas , las organizaciones criminales  asociadas al narcotráfico, la trata de personas, el lavado de activos, y otros crímenes de naturaleza transnacional, han alcanzado una dimensión regional y han escapado al control de las instituciones nacionales.

Frente al fenómeno de la delincuencia transnacional los estados se encuentran en una situación de dificultad cuando no de imposibilidad de desplegar una política criminal adecuada. El hecho de que las organizaciones operen allende las fronteras estatales, ámbito dentro del cual puede desplegar su facultad de imperio, sumado a la escasez de recursos  para desarrollar las mencionadas políticas, y a la convivencia que encuentran dichas organizaciones con actores que operan  en los diversos niveles de intervención en la prevención y sanción del delito, redunda en que la política criminal que se adopte al efecto se convierte en meramente simbólica.

Es en ese orden que se hace necesaria una estrategia regional para enfrentar un delito que se organiza regionalmente, una estrategia que debe ser apoyada por la Alianza para el Desarrollo en Democracia para sentar las bases de una dinámica favorable a la integración regional necesaria para afrontar  los demás desafíos que enfrentan los países de América Latina y el Caribe.

Ya existe un grupo de países de la región que apoya la creación de una Corte Penal Latinoamericana y del Caribe Contra el Crimen Transnacional Organizado impulsada desde la República de Argentina por la organización no gubernamental  Democracia Global y varias instancias  públicas y privadas.

La creación de la Corte Penal Latinoamericana y del Caribe Contra el Crimen Transnacional Organizado (COPLA) podría ser una política criminal regional efectiva en la persecución de las cúpulas criminales, la confiscación de sus bienes y la desarticulación de sus organizaciones.

En general la COPLA tendrá como finalidad la prevención, persecución y sanción del crimen transnacional organizado a través de una Corte Penal que funcione además como una agencia de promoción de políticas públicas de seguridad a escala regional.

La Corte Penal Latinoamericana y del Caribe Contra el Crimen Transnacional Organizado (COPLA) tendrá las siguiente competencia:  a) perseguir el trafico ilícito de estupefacientes o sustancias psicotrópicas; b) La fabricación y tráfico ilícito de armas de fuego, sus componentes, piezas y municiones; c) trata de personas;  d) tráfico ilícito de migrantes;  e) trafico de bienes culturales ; f) lavado de activos y g) soborno transnacional.

En cuanto a la Agencia regional de lucha contra el crimen  transnacional organizado la COPLA podrá: a) monitorear la situación de la región; b) promover la mejora de las legislaciones nacionales; c) favorecer la cooperación judicial y policial entre los países miembros; d) ofrecer protección a los testigos de crímenes y a los miles de voluntarios de organizaciones que combaten la criminalidad organizada y sus consecuencias.

El apoyo de la Alianza para el Desarrollo a la creación de la Corte Penal Latinoamericana y del Caribe Contra el Crimen Transnacional Organizado (COPLA) sería una menara de reafirmar el compromiso de afrontar enérgicamente los desafíos de la corrupción, el crimen organizado transnacional, el problema mundial de las drogas y el terrorismo, tal y como lo plantea en la Declaración de fecha  seis (06) de marzo de 2023.