La urgencia de una Corte Penal Latinoamericana y del Caribe Contra el Crimen Transnacional Organizado.
Por ROMMEL SANTOS DIAZ.
La construcción de un instrumento jurídico capaz de detener y perseguir las cúpulas del crimen organizado en la región de Latinoamérica y el Caribe constituye una urgencia en los actuales momentos para detener los avances del crimen transnacional organizado
Se trata de una Corte complementaria de las jurisdicciones nacionales, independiente con una estructura flexible que no esté supeditada a ningún organismo regional y que cuente con el apoyo necesario de los Estados de la Latinoamérica y el Caribe.
La Corte Penal Latinoamericana y del Caribe Contra el Crimen Transnacional Organizado tendrá la competencia para hacer frente a cualquier grupo de organización criminal que cometiera el tráfico ilícito de estupefacientes, el tráfico de armas. El tráfico de personas, de niños, de bienes culturales y lavado de activos.
Según los expertos en materia de seguridad de América Latina, esta región alberga el 9 por ciento de la población mundial y el 33 por ciento de los homicidios se dan en la referida región, desafiando de ese modo todo el andamiaje de protección de los derechos humanos y la lucha contra el crimen organizado.
La creación de una Corte Penal Latinoamericana y del Caribe Contra el Crimen Organizado, por sus siglas ( COPLA) , cuenta con un Anteproyecto de Estatuto realizado por un grupo de juristas expertos en derecho internacional, derecho penal e integración regional coordinado por el reconocido abogado Christian Cao de la Argentina.
Los analistas de Latinoamérica y Caribe en materia de crimen transnacional organizado concuerdan en que hoy en día la criminalidad organizada busca y persigue grandes cantidades de dinero para poder financiar y potenciar el desarrollo y despliegue de los crímenes transnacionales.
El siglo XXI demanda con urgencia la creación de un tribunal de carácter complementario a los sistemas de justicias nacionales que persiga de manera sistemática a las cúpulas de las organizaciones criminales de Latinoamérica y el Caribe.
Cabe destacar que el Proyecto de Estatuto de la COPLA define un grupo delictivo como una ¨asociación o banda compuesta por 3 o más personas que tenga cierta organización interna y cuya finalidad sea la de cometer algunos de los delitos considerados transnacionales.
La Corte Penal Latinoamericana y del Caribe Contra el Crimen Transnacional Organizado pretende ¨juzgar a personas que dirigieren , organizaren, administraren estas organizaciones criminales¨ y ¨ ser colaborativa a las Cortes nacionales a través de lo que el Anteproyecto de Estatuto establece como la clausula de habilitación que actúa en los casos en los que el Estado no haya podido o querido juzgar los delitos¨.
Los mecanismos que activan el ejercicio de la COPLA se fundamentan en el carácter regional de la misma para lo cual necesita una Fiscalía fuerte, que sea un sistema acusatorio donde el poder de investigación recaiga pura y exclusivamente en el fiscal , activando el ejercicio de la Corte cuando un Estado parte remita la situación a la Fiscalía para que de inicio a una investigación.
Partiendo de que América Latina es una de las regiones más violenta del mundo, con mayores niveles de homicidios dolosos y mucho de estos crímenes tienen que ver con la criminalidad organizada , es que se hace necesario impulsar con firmeza la Corte penal Latinoamericana y del Caribe Contra el Crimen Transnacional Organizado ( COPLA).
El consenso regional apunta hacia la necesidad urgente de creación de la COPLA para dar respuestas a los grandes desafíos de las organizaciones criminales que inciden en toda la región de Latinoamérica y el Caribe.
En la República Dominicana la COPLA cuenta con un amplio respaldo de las Organizaciones de la Sociedad Civil y Organizaciones No Gubernamentales de carácter diverso, así como de connotados académicos del derecho, abogados, abogadas y actores de primera línea en el ámbito del que hacer jurídico dominicano en el marco de la campaña a favor de que especialmente los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos adopten una resolución de apoyo a la creación de esta importante institución judicial para América Latina y el Caribe.
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