ABSTENCIÓN CÓMO SOFISMA DE LEGITIMIDAD

La legitimidad de las elecciones parlamentaria en Venezuela, donde el índice de participación fue del 31%, los países opositores al modelo de gobierno venezolano han arrojado sus intenciones cómo propósitos y objetivos para desconocer las anticipadas objeciones a la institucionalidad de la Venezuela Bolivariana.

Estos números han sido utilizados como argumento por parte de políticos con intereses, y organizaciones regionales para calificar de “ilegítimo” este proceso electoral, que ya habían vetado, incluso antes que se conociera la fecha de su realización.

El pronunciamiento que siempre han asociado de abstención con ilegitimidad, ha sido utilizado en varias ocasiones contra Venezuela para justificar la promoción de políticas contrarias al derecho internacional como las “sanciones” y el bloqueo de activos venezolanos en los diferentes países, incluyendo el nuestro, República Dominicana socia con Venezuela y que no les paga desde 2017,

Muchos países europeos realizan elecciones parlamentaria cuyas participaciones han rondado en promedio un 16 % de participación y no han sido cuestionados su legitimidad.

Pero estos índices son fundamentalmente impulsados por países como Belgica, Italia, Alemania y Francia donde la participación supera la media, mientras que en los países de este europeo estos índices suelen estar hasta 10 puntos por debajo del porcentaje de participación global.

Países como Hungría, Polonia, Eslovenia, Eslovaquia, Bulgaria, Rumania, Croacia, Estonia y la República Checa, desde su ingreso a la Unión Europea han arrojado porcentajes de participación que no han logrado superar el 47%, con una media que no supera el 30%. En países como Eslovaquia en el proceso electoral del parlamento europeo, el porcentaje de participación no ha logrado ubicarse tan siquiera en 20% con una media histórica de 16,45%, hasta el 2014.

Con estos números, la elección de los parlamentarios europeos en estas naciones no han sido objetadas por ningún organismo internacional, ni tildadas de ilegítimas por parte de la propia Unión, porque en ninguna ley europea y en gran parte del mundo suelen cuestionar sus leyes.

La democracia y la legitimidad de un proceso se circunscribe a un índice mínimo de participación electoral según sus leyes de las cuales se vanaglorian.

El Grupo de Lima dirigido por gobiernos impopulares y cuyas acciones son bastantes cuestionables tratan de articular argumentos y posiciones de Estados respetuosos y responsables
Chile, Perú, Colombia y Ecuador han señalado la baja participación en los comicios venezolanos y han decido mantener su línea de desconocimiento a las instituciones y la voluntad de la población venezolana en elecciones.

Este discurso contrasta con la realidad de sus países donde, salvo Perú donde el voto es obligatorio, la participación en las elecciones parlamentarias en los últimos 20 años no ha logrado acercarse o superar el 50%.

Uno de los casos emblemáticos sobre la participación es Chile, donde como consecuencia del voto obligatorio hasta el 2010, promediaba el 87%, y luego de declararse voluntario el sufragio, la participación cayó en casi 40% en las elecciones de 2013 y 2017.

Pero a esta caída abrupta en Chile y la imposibilidad de Colombia para alcazar el 50%, ningun organismo o país del mundo ha objetado los procesos parlamentarios de estas naciones, esto pese a que, por ejemplo en el caso de Colombia, estas elecciones suelen estar plagadas de denuncias de irregularidades como consecuencia de un sistema electoral donde los ciudadanos votan en las calles, sin mecanismo de autenticación y con boletas fotocopiadas que no contienen ningún elemento de seguridad que impida su falsificación.

Otro argumento es el reflejo del descontento, Este argumento de la baja participación, ha sido evaluado por políticos y medios como un reflejo del descontento hacia el Gobierno y de desconfianza de la población.

Una tesis que contrapone a lo acontecido en procesos similares anteriores. Ejemplo en el 2005 en Venezuela se llevaron a cabo elecciones parlamentarias donde la oposición decidió no participar y las fuerzas del chavismo se lanzaron en solitario al ruedo electoral.

En esta elección el índice de abstención superó el 75%, esto pese a la campaña que encabezó Hugo Chávez en todos los estados destacando la importancia de la participación, y sin coronavirus.

Este evento electoral, que fue evaluado como una señal de rechazo de la mayoría de la población al chavismo y un apoyo a la posición abstencionistas de la oposición, quedó sepultada al año siguiente en las elecciones presidenciales del 3 de diciembre de 2006, donde con la participación del 74,69% de la población, el candidato Hugo Chávez obtuvo la victoria con el 62,84% de los votos.

Otro ejemplo de lo incomparable de los procesos electorales, es la elección parlamentaria de 2010 donde con un 66,4% de la población participando, la alianza de partidos pro Gobierno solo superó por poco más de 190 mil votos a la aliaza opositora, mientras que en el 2012 la participación se ubicó en 80,56% y el candidato Hugo Chávez superó el 55% de los votos, ubicándose 11 puntos por encima del candidato de la alianza opositora, la misma que dos años antes había quedado a tan solo un punto por debajo del chavismo.

Otra de las elecciones que son usadas como argumento de la “caída” del chavismo y la “fuerza creciente” de la oposición, es la votación de 2015, donde con el 74% de participación y unidos bajo una tarjeta obtuvieron más del 56% de la votos que les otorgó la mayoría en el parlamento.

Todo este panorama de supuesto “derrumbe del Gobierno” cambió en el 2017 durante las elecciones regionales, cuando con el 61% de participación, el chavismo obtuvo 55% de los votos, ubicándose 11 puntos por encima de la oposición y obteniendo 18 de las 23 gobernadores.

Lo que si legitima un proceso soberano es que esté se haga acorde con lo establecido en las leyes y normas que los rigen, según el principio democrático de equidad y respetó a la autodeterminación de los pueblos,

Y de acuerdo a la contitución venezolana la elección de la Asamblea Nacional solo depende de que los diputados y diputadas sean electos “en cada entidad federal por votación universal, directa, personalizada y secreta con representación proporcional, según una base poblacional del uno coma uno por ciento de la población total del país.

Asimismo señala que “los diputados o diputadas a la Asamblea Nacional durarán cinco años en el ejercicio de sus funciones, pudiendo ser reelegidos o reelegidas”, con los preceptos tras cumplirse el periodo constitucional.

Todo este cuerpo legal que sustenta la elección e instalación de la nueva AN, sin más predisposiciones que la de ser electa en voto secreto, universal y directo, ha sido silenciado por estos países, que han decidido apostar por dar continuidad al proyecto de “cambio de régimen” promovido por la saliente administración de Donald Trump, utilizando para ello un parlamento que ya cumplió su periodo constitucional.

Y que contrariando todas las leyes pretende prolongar su existencia bajo la bendición de Washington y Bruselas, algo insólito y perverso por la denominada democracia de los países lacayos a las disposiciones de un sistema imperial, y que jamás estarán a la altura y dignidad del pueblo Bravo de Venezuela y los hijos de Bolivar