Noticias y opiniones desde República Dominicana
Santo Domingo, Rep. Dom., 10 junio del 2017.- La Fundación Justicia y Transparencia (FJT), considero el voto disidente de la magistrada Mirian Germán Brito, presidenta de la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia,...
Justicia y Transparencia favoreció para los casos de Radhames Segura y Roberto Rodríguez, les sean dictadas como medidas de coerción el arresto domiciliario, en razón no solamente por su arraigo, sino además y fundamentalmente por razones de salud.
El referido sistema convoca a las diferentes entidades responsables de la convivencia y la seguridad ciudadana de cada localidad, a trabajar en una sola dirección, abordando de manera particular las diferentes problemáticas locales de seguridad y la forma en la que se gestiona la respuesta institucional, haciéndola formar parte de un Plan Integral de Seguridad.
a Fundación Justicia y Transparencia (FJT), propone una refundación desde cero del sistema judicial dominicano”, propiciando la elaboración de un diagnostico que trace la ruta crítica de la reingeniería, que tanto a nivel político como jurídico y constitucional deberá verificarse para consensuar los impostergables cambios que tendrán que operar en el camino al rescate del sector justicia en el país.
Justicia y Transparencia vaticina grandes tropiezos y conflictos en contienda electoral por la falta de una ley de partidos políticos.
a Fundación fijó su posición en torno a la corrupción y los casos que ocupan la opinión pública en la actualidad. La misma fue presentada a los medios de comunicación en un documento que recibió este medio y que se detalla a continuación.
La Procuraduría General y la Fundación Justicia y Transparencia (FJT) anunciaron que implementarán en el país una serie de acciones para la prevención y resolución alternativa de conflictos en el ámbito familiar, escolar, laboral y comunitario.
El presidente de la entidad cívica Trajano Potentini, plantea la existencias de escollos o dificultades fácticas que sirven de freno a la relección, nos referimos al escaso tiempo que queda para armar un consenso político para reformar la constitución, y máxime que ningún liderazgo en particular cuenta con los votos suficientes en el congreso para ello, resalta también la irresponsabilidad de la clase política dominante para aprobar una ley de partidos políticos, dotando al país de un marco jurídico legal que garantice la igualdad en una contienda electoral, también es tema a considerar la oposición de diversos sectores sociales que están cansados de que los políticos se hagan trajes a la medida a partir de sus intereses, además de las recientes y contundentes declaraciones del jefe de la diplomacia de los Estados Unidos de Norte América, John Kerry, según las cuales ese país quiere asegurarse de que ningún líder permanezca en el poder “indefinidamente”. Kerry también advirtió que Estados Unidos “está en contra” de los procesos para modificar la Constitución, con el fin de eliminar los límites de los mandatos presidenciales y otros intentos de “manipular las leyes y los cuerpos electorales en formas que subvierten el proceso electoral”.
El presidente de la entidad de sociedad civil, Trajano Potentini, pidió a los actores involucrados en el proceso, y en particular a las autoridades gubernamentales a que entiendan que la electricidad es un bien público y no un negocio, y como tal debe el estado garantizar y priorizar el interés colectivo por encima del interés particular y privado.
La Fundación Justicia y Transparencia (FJT), sometió por ante el Tribunal Constitucional un recurso de inconstitucionalidad parcial contra los artículos 107, 108, 109 y 110 de la ley 550-14 que instituye un nuevo Código Penal en la República Dominicana, por estar plagado de irregularidades y violaciones, tanto en el procedimiento legislativo para conocer la observaciones del Poder Ejecutivo, como también en el contenido de los artículos observados.
