Editorial
La promulgación de la Ley 16-26 por parte del Poder Ejecutivo no representa una solución institucional seria al problema de las deudas acumuladas con contratistas del Estado. Por el contrario, constituye un peligroso precedente que convierte la improvisación, el desorden administrativo y la corrupción en política oficial del gobierno del PRM.
Mientras el pueblo dominicano enfrenta apagones, altos precios de los alimentos, crisis en los hospitales, inseguridad y abandono de las comunidades, el gobierno decide abrir una nueva estructura burocrática para revisar y pagar viejas deudas a más de 600 contratistas, muchas de ellas nacidas bajo procesos cuestionables, sobrevaluaciones y prácticas clientelistas que históricamente han saqueado los recursos públicos.
La creación de una comisión especial para “validar reclamaciones” levanta más sospechas que confianza. ¿Quién auditará a los auditores? ¿Quién garantiza que esta ley no será utilizada para favorecer allegados políticos, empresarios vinculados al poder y estructuras de financiamiento partidario? El país conoce demasiado bien cómo terminan estas “comisiones especiales”: convertidas en centros de negociación, tráfico de influencias y repartición de privilegios.
El PRM llegó al poder prometiendo transparencia, institucionalidad y combate frontal a la corrupción. Sin embargo, cada día se parece más a los gobiernos que criticaba. Lo que hoy se presenta como un mecanismo administrativo podría convertirse en el mayor monumento a la corrupción legalizada de los últimos años.
Resulta indignante que en una nación donde miles de jóvenes no encuentran empleo, donde los productores agrícolas carecen de apoyo y donde las obras prioritarias están paralizadas, el gobierno coloque como prioridad el pago de contratos viejos cuya legitimidad ni siquiera ha sido completamente esclarecida ante la sociedad.
El país necesita auditorías independientes, transparencia absoluta y publicación detallada de cada expediente, cada monto y cada beneficiario. No basta con hablar de “validación”; la ciudadanía tiene derecho a saber quiénes hicieron negocios con el Estado, bajo qué condiciones y por qué esas obligaciones permanecieron ocultas o engavetadas durante años.
La corrupción no solo roba dinero; destruye la confianza pública, secuestra las instituciones y profundiza la desigualdad. Y cuando un gobierno decide institucionalizar mecanismos opacos para manejar miles de millones de pesos, deja de gobernar para el pueblo y comienza a gobernar para intereses particulares.
La República Dominicana no necesita más comisiones para repartir dinero entre contratistas privilegiados. Necesita escuelas dignas, hospitales equipados, protección ambiental, apoyo al campo y respeto al dinero del pueblo.
El PRM prometió cambio. Hoy, muchos dominicanos comienzan a preguntarse si ese cambio fue simplemente cambiar de manos el control del mismo sistema de privilegios y corrupción que durante décadas ha mantenido secuestrado al Estado dominicano.
