La destrucción de la arquitectura securitaria estadounidense en el Golfo Pérsico debe entenderse, en primer lugar, como el colapso de un discurso específico sobre cómo debía organizarse la seguridad regional.
Durante varias décadas, Washington estructuró el Golfo Pérsico mediante un marco discursivo que operaba simultáneamente en varios niveles. En el plano más visible, este marco presentaba a Estados Unidos como proveedor neutral de estabilidad, como una potencia benigna cuya presencia militar garantizaba el flujo energético global y protegía a pequeños Estados de amenazas regionales.
En un nivel menos visible, pero igualmente fundamental, este marco estructuraba una geografía racial y política del poder: ciertas monarquías —las que aceptaban integrarse al orden liberal, las que vendían petróleo en dólares y las que alojaban bases estadounidenses— eran tratadas como actores legítimos.
Irán, por el contrario, al rechazar esa integración, quedaba marcado como una amenaza irracional que debía ser contenida.
Las bases militares estadounidenses en la región —Al-Udeid en Catar, Al-Dhafra en Emiratos Árabes Unidos, así como instalaciones en Baréin, Kuwait y Arabia Saudita— no eran simplemente infraestructura militar. Eran la materialización de ese discurso. Su presencia física proyectaba una narrativa sobre quién garantizaba la seguridad, quién poseía el derecho de desplegar fuerza y bajo qué condiciones esa fuerza podía emplearse.
Cuando Irán atacó estas bases durante la guerra, cuando demostró capacidad para neutralizarlas y cuando las monarquías del Golfo descubrieron que Washington no podía —o no quería— protegerlas de represalias iraníes, lo que colapsó no fue simplemente una capacidad militar. Colapsó la narrativa que hacía inteligible la presencia militar estadounidense como fuente de seguridad.
Los países del Golfo Pérsico comprendieron que no podían impedir, ni siquiera con el apoyo de Estados Unidos, que Irán se consolidara como una potencia central en la región, ni podían confiar plenamente en Washington para protegerlos.
Esta comprensión no constituye simplemente un ajuste pragmático a una nueva distribución de capacidades militares. Constituye el reconocimiento de que el discurso que estructuraba sus relaciones con Estados Unidos —el discurso de la garantía de seguridad, del paraguas protector y de la alianza fiable— ya no corresponde a la realidad material.
Y cuando el discurso y la realidad material divergen de forma tan dramática, el discurso debe ser abandonado o transformado.
Esta transformación tiene implicaciones que trascienden la región. Durante décadas, el sistema del petrodólar funcionó como el mecanismo mediante el cual el discurso estadounidense sobre el orden económico global se materializaba. Las monarquías del Golfo vendían petróleo en dólares, reforzando así el papel central de la moneda estadounidense en las finanzas internacionales.
Este arreglo descansaba sobre la garantía de seguridad estadounidense. Cuando esa garantía se revela insostenible, cuando las monarquías buscan diversificar sus relaciones estratégicas y cuando China emerge como mediador diplomático creíble en la región, el sistema del petrodólar pierde uno de sus pilares fundamentales.
El discurso que naturalizaba el dólar como moneda de reserva global, que presentaba la integración en el orden financiero estadounidense como inevitable, comienza entonces a erosionarse, sin un verdadero control sobre la resistencia futura de los países productores de petróleo.
El “pivot to Asia”, reafirmado en la doctrina de seguridad nacional de la administración Trump como uno de los objetivos estratégicos prioritarios, constituía un intento discursivo de reorientar la política exterior estadounidense hacia lo que Washington identificaba como el principal desafío geopolítico del siglo XXI: el ascenso de China.
Este pivote descansaba sobre varios supuestos.
Primero, que Estados Unidos poseía la capacidad de elegir libremente dónde concentrar sus recursos militares y diplomáticos.
Segundo, que Asia Occidental podía estabilizarse lo suficiente como para permitir ese desplazamiento estratégico.
Tercero, que una presencia militar reducida bastaría para mantener el orden regional existente.
La guerra contra Irán reveló que cada uno de esos supuestos era, en gran medida, una fantasía discursiva.
Estados Unidos no posee la capacidad de decidir plenamente dónde concentrar sus recursos cuando actores regionales pueden imponerle costos estratégicos que lo obligan a responder. La región no puede “resolverse” mediante fórmulas que ignoran la capacidad de acción de actores como Irán, que rechazan la integración en marcos diseñados por Washington.
Asimismo, una presencia militar reducida no puede sostener un orden cuya estabilidad descansaba sobre la amenaza creíble de una fuerza abrumadora.
El resultado es que Estados Unidos se encuentra atrapado en Asia Occidental precisamente cuando su discurso estratégico declaraba prioritario el pivote hacia Asia Oriental.
Esta contradicción no constituye simplemente un error de cálculo táctico. Revela la brecha entre el discurso estadounidense sobre su propio poder —la narrativa de una potencia global capaz de moldear acontecimientos en múltiples regiones simultáneamente— y la realidad material de sus capacidades limitadas.
Cuando esa brecha se vuelve demasiado evidente, cuando el discurso ya no puede ocultar ni racionalizar la divergencia, el propio discurso pierde credibilidad.
Y la credibilidad de los actores estadounidenses se encuentra hoy profundamente desacreditada. No pudieron derrocar el modelo de gobierno de Irán; tuvieron que forzar jugadas estratégicas en Venezuela; y tampoco podrán desmontar al Partido Comunista de Cuba.
