El debate sobre San Juan es, en última instancia, un debate sobre el país que queremos construir. ¿Una economía basada en la producción, la soberanía alimentaria y el equilibrio o sostenibilidad ambiental? ¿O un modelo dependiente de la extracción mineral, la importación y la renta de recursos no renovables? La respuesta no es técnica únicamente; es una decisión política de soberanía popular.
San Juan de la Maguana, no es una provincia cualquiera en el mapa dominicano. Ubicada en la región de El Valle y con una extensión de 3,361.22 km2, es la provincia para extensa del país, ha sido históricamente el sustento de la seguridad alimentaria nacional en la producción de leguminosas y granos, históricamente, el granero del sur y, por su localización en la Cordillera Central, un verdadero pulmón ecológico de la nación, pero históricamente relegada de la prioridad de la política pública gubernamental en proporción a su capacidad y aporte al desarrollo nacional.
Su identidad no se construye sobre la extracción, sino sobre la producción, la tierra cultivada, el agua que fluye desde las montañas y una economía rural. La población total de la provincia pasó de 232,333 habitantes en 2010 a 244,668 en 2022, lo que evidencia un crecimiento moderado equivalente a una variación de 5.31%, reflejo de una dinámica demográfica relativamente estable.
La provincia concentra una producción agropecuaria diversificada, con énfasis en cultivos de ciclo corto y granos básicos como maíz, cebolla, sandía, tomate, guandules y diversos tubérculos. La provincia sobresale además por su ganadería ovicaprina y de carne, la producción de quesos artesanales y la existencia de amplias áreas forestales, incluyendo bosques de coníferas que refuerzan su valor ecológico y productivo. Solo el arroz representa 91,436 tareas cultivadas, según datos del Ministerio de Agricultura (2021).
La actividad agrícola sostiene a más de 22,000 personas; en conjunto, la agropecuaria representa el sustento directo del 33.91% de la población ocupada. Esta fortaleza productiva se sustenta en la calidad del valle, cuyos suelos tipo I y II son altamente aptos para una amplia diversidad de cultivos.
El perfil económico de San Juan es eminentemente agrícola, pero no se trata de una economía marginal, sino de un pilar productivo que abastece el mercado interno, genera empleo rural y dinamiza cadenas de valor vinculadas al transporte, el comercio y la agroindustria. En términos estructurales, San Juan encarna un modelo de economía real: produce bienes, sostiene comunidades y aporta estabilidad a territorios históricamente afectados por la centralización económica.
En cuanto a la condición social de la provincia, parte del debate de la última semana. San Juan, a pesar de limitaciones estructurales, mantiene niveles de cohesión social que contrastan con realidades urbanas críticas del país. No es común encontrar en su territorio escenarios de marginalidad extrema como los que persisten en sectores vulnerables de Santo Domingo o Santiago de los Caballeros. Esto no implica ausencia de pobreza, sino una estructura social menos degradada, donde la economía agrícola aún cumple un rol de contención y dignidad para amplios sectores de la población.
San Juan si bien no puede considerarse una provincia rica en términos estructurales, su tierra fértil, agua, capacidad productiva y tejido social le otorga autonomía para definir un futuro promisorio donde lo único que haría falta es el impulso de políticas públicas estructurales a corto, mediano y largo plazo. La introducción de un modelo extractivo intensivo, lejos de potenciar esas ventajas, podría desarticularlas, sustituyendo una economía sostenible por ingresos temporales, con altos costos ambientales y sociales.
Estrategia oculta: Sacar la agricultura para priorizar la minería.
El modelo productivo de San Juan enfrenta hoy una presión creciente ante el avance de proyectos mineros que plantean un dilema de fondo que afecta no solo a esta provincia sino a todas las provincias ubicada en la Cordillera Central: lo cual parece prioridad del gobierno en su afán de buscar dólares a granel, aunque sacrifique la sostenibilidad a largo plazo.
En su afán por recursos rápido la política pública de los últimos años ha tendido a reducir la incidencia agrícola, disminuyendo la inversión en los campos agrícolas, debilitando el crédito agropecuario y fomentando la importación de alimentos, a la vez que a través de los programas sociales crea una dependencia económica ciudadana que, incluso, dificulta la lucha legítima del pueblo. Este proceso, erosiona la malograda rentabilidad del productor local, genera las condiciones para que otras actividades, como la minería, aparecen como “alternativas inevitables”, eso se evidencia, no solo en San Juan, sino en otras provincias en diferentes regiones del país donde empresarios y gobierno se unen para empujar la minería.
El caso de San Juan implica redefinir el uso del territorio y las prioridades del desarrollo en una provincia Marca-país, capital de la región del Valle, históricamente reconocida por su vocación agropecuaria para ceder paso a un esquema extractivo de corto plazo, lo que significa no solo un cambio económico, sino cultural y de identidad nacional de la provincia.
Valor ecológico de San Juan
A lo anterior se suma su valor ecológico estratégico. La Cordillera Central, donde se enclava gran parte de su territorio, no solo define el paisaje, sino que regula el ciclo hídrico de amplias regiones del país.
San Juan funciona como una reserva natural de agua y biodiversidad, cuya preservación es vital para el equilibrio ecológico nacional. En este sentido, hablar de minería en esta zona no es un debate local: es una discusión de seguridad ambiental y sostenibilidad nacional.
La soberanía reside en el Pueblo y San Juan lo sabe.
Desde esta perspectiva, la creciente presión minera no puede analizarse de manera aislada. En términos políticos, esto se traduce en una tensión directa con la soberanía popular, entendida como el derecho de las comunidades a decidir sobre su modelo de desarrollo y el uso de sus recursos naturales.
La defensa de San Juan, por tanto, no es sólo económica ni ambiental, es profundamente política. La población organizada ha entendido y lo expresa hoy con mayor claridad; su rechazo a proyectos extractivos que comprometen su modo de vida, porque la riqueza de la provincia no está bajo tierra, sino en su capacidad productiva y en su equilibrio ecológico, por eso su enérgica lucha en los últimos 10 años ha marcado la agenda nacional
De ahí surge la idea de una expulsión radical de la minería en el territorio, no como un acto irracional, sino como una decisión estratégica de preservación de largo plazo que hoy se erige como modelo para todas las luchas socioambientales activas en el territorio nacional, pueblos que se encuentran bajo el asedio minero.
San Juan, como granero del sur y pulmón de la nación, no solo se enfrenta a la amenaza minera, sino a la falta de una visión estratégica empresarial y gubernamental para que de aportar materia prima se convierta en el polo agroindustrial del Sur, sobre todo hoy que se habla de impulsar el turismo en esta región.
Finalmente, para bien del país, la provincia se ha convertido en símbolo de resistencia nacional y en punto de referencia que marca la pauta para la defensa del territorio, la producción y la vida frente a modelos que priorizan el beneficio inmediato sobre el futuro colectivo, y con esto no solo defiende la economía y la ecología, sino su marca país de granero que a partir de esta relativa victoria debe impulsar su capacidad productiva y del procesamiento agroindustrial.
