Miami, 4 de mayo de 2026.– La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) manifestó su preocupación por la revocatoria de visas aplicada por el gobierno de Estados Unidos a miembros de la Junta Directiva de Grupo Nación, casa editora del diario La Nación. La organización calificó la medida como inusual y subrayó que, hasta el momento, no ha sido acompañada de una explicación clara sobre sus fundamentos, lo que introduce incertidumbre en un caso que involucra a actores centrales del ecosistema informativo.
El propio medio costarricense reconoció la potestad soberana de Washington para definir sus políticas migratorias, pero enfatizó el carácter inédito de la decisión en el contexto nacional. La SIP, sin cuestionar la competencia estatal, advirtió que cuando disposiciones administrativas impactan a directivos de un medio independiente y de referencia, deben observar estándares reforzados de transparencia, motivación y rendición de cuentas. En esa línea, insistió en que “es fundamental que se expliquen los criterios que sustentan decisiones que impactan a actores clave del ecosistema informativo”, a fin de evitar zonas grises que erosionen la confianza pública.
De acuerdo con informaciones difundidas por La Nación y otros medios, las cancelaciones de visas formarían parte de un conjunto más amplio de medidas que también alcanzan a figuras del ámbito político e institucional, incluyendo al expresidente y Premio Nobel de la Paz Óscar Arias. Este patrón ha sido interpretado por analistas como una señal de presión diplomática, lo que vuelve especialmente sensible la inclusión de directivos de un grupo periodístico.
La SIP contextualizó el episodio en un escenario de deterioro de las condiciones para el ejercicio del periodismo en Costa Rica durante la administración del presidente saliente Rodrigo Chaves, marcado —según sus reportes— por un discurso confrontativo hacia la prensa y un ambiente menos propicio para el debate plural. En ese marco, advirtió que decisiones opacas pueden generar efectos inhibitorios, tanto en las redacciones como en las fuentes, al introducir riesgos indirectos para la labor informativa.
El presidente de la SIP, Pierre Manigault, sostuvo que el uso de herramientas administrativas sin explicaciones claras, cuando involucran a medios, “genera inquietud” y puede afectar el clima de libertad de prensa. Por su parte, Martha Ramos, presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, remarcó que la transparencia es un principio estructural de las democracias consolidadas y que la motivación pública de las decisiones estatales es clave para su legitimidad.
La organización instó a las autoridades correspondientes a ofrecer información clara, suficiente y oportuna sobre las razones de la medida, en resguardo de los principios democráticos y del derecho a la libertad de expresión. Según indicó La Nación, la Embajada de Estados Unidos en Costa Rica reiteró que su política es no comentar casos individuales de visas, lo que mantiene sin despejar las interrogantes sobre un caso que trasciende lo migratorio y se inserta en el terreno de las garantías institucionales al periodismo.
