Advierten que sin Evaluación Ambiental Estratégica no debe avanzarse ningún proyecto minero en el Suroeste
Santo Domingo, República Dominicana.– La Comisión Ambiental de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (CAUASD) y la Comisión de Ciencias Naturales y Medio Ambiente de la Academia de Ciencias de la República Dominicana fijaron una posición firme en torno a la expansión de la minería metálica en el Suroeste del país, advirtiendo que no debe autorizarse, tramitarse ni validarse ningún Estudio de Impacto Ambiental (EIA) sin que previamente se realice una Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) de toda la región.
Las entidades sostienen que el enfoque actual, basado en la evaluación de proyectos individuales, resulta insuficiente y distorsiona la magnitud real del problema. Señalan que el caso del proyecto Romero no puede analizarse como una obra aislada, sino como parte de una dinámica de ocupación minera más amplia que implicaría impactos acumulativos sobre el agua, la agricultura, la biodiversidad y la vida comunitaria.
Explican que la Evaluación Ambiental Estratégica es un instrumento de planificación de nivel superior que permite analizar políticas, planes y modelos de desarrollo antes de autorizar proyectos específicos. A diferencia del EIA, que se limita a evaluar impactos puntuales, la EAE examina la viabilidad territorial, identifica zonas incompatibles con determinadas actividades y establece límites claros para la toma de decisiones públicas.
Las comisiones advierten que el Suroeste presenta condiciones especialmente sensibles, entre ellas estrés hídrico, fragilidad de cuencas, presencia de formaciones sulfuradas con potencial de drenaje ácido, alta pendiente y vulnerabilidad sísmica, lo que hace inviable un análisis fragmentado. En ese contexto, evaluar proyectos de manera individual impide comprender los efectos acumulativos y sinérgicos que podrían derivarse de la instalación de un distrito minero.
Asimismo, califican como un “engaño al país” avanzar con estudios de impacto ambiental sin un marco estratégico previo, al considerar que se presenta como una decisión técnica lo que en realidad constituye una definición política sobre el modelo de desarrollo territorial.
En ese sentido, respaldan las objeciones planteadas por organizaciones sociales, comunitarias y ambientales que han impugnado el Estudio de Impacto Ambiental en el frente Romero, y subrayan que dicha oposición responde a criterios técnicos y a la defensa legítima del territorio.
Finalmente, las entidades solicitan formalmente al Estado dominicano ordenar la realización de una Evaluación Ambiental Estratégica integral, pública y vinculante para toda la franja minera del Suroeste y sus áreas de influencia, como condición previa a cualquier decisión sobre proyectos mineros.
Reiteran que sin este instrumento no existe una base científica ni institucional suficiente para autorizar iniciativas de alto impacto, y que insistir en el enfoque actual compromete la seguridad hídrica, la soberanía alimentaria y la sostenibilidad ambiental del país.
