La Coalición para la Defensa de las Áreas Protegidas denunció la ilegal pretensión de instalar una penitenciaría en la Isla Beata, un ecosistema estratégico y altamente frágil de aproximadamente 27 km², ubicado en el extremo sur de Pedernales. Este territorio forma parte íntegra del Parque Nacional Jaragua, lo que convierte cualquier intervención de esta naturaleza en un flagrante delito ambiental.
Según la organización, el proyecto no solo carece de viabilidad jurídica, sino que contradice abiertamente las políticas públicas orientadas a la protección y defensa del patrimonio natural de la República Dominicana. Advirtieron que la sociedad no permitirá que se materialice una acción que atente contra el sistema nacional de áreas protegidas.
La propuesta está contenida en un proyecto de resolución de la Cámara de Diputados que solicita al Poder Ejecutivo la construcción de dicha infraestructura. Al momento de redactar esta nota, la iniciativa figuraba en el orden del día de la sesión ordinaria núm. 00006, correspondiente al 18 de marzo de 2026.
Los ambientalistas señalaron que el uso de suelo requerido para una obra de esta magnitud es incompatible con los objetivos fundamentales de las áreas protegidas, cuyo fin es garantizar la conservación de los recursos naturales y los servicios ecosistémicos que estos proveen. Recordaron además que, conforme al artículo 16 de la Constitución, los bienes que integran el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP) son inalienables, inembargables e imprescriptibles.
Aunque no se han ofrecido detalles técnicos, se ha informado que el centro penitenciario “modelo” tendría capacidad para albergar hasta diez mil reclusos condenados a penas superiores a cinco años, lo que implicaría un impacto ambiental de gran escala.
La iniciativa fue presentada el 21 de junio de 2022 por los diputados Elías Wessin Chávez, Miguel Alberto Bogaert Marra y Miguel Ángel de los Santos, y cuenta con un informe favorable de la Comisión Permanente del Ministerio Público emitido el 26 de noviembre de 2025.
Ante este escenario, la Coalición hizo un llamado urgente al Poder Ejecutivo, al Congreso Nacional y a la ciudadanía a rechazar de manera contundente esta iniciativa, por considerarla una amenaza directa al patrimonio natural del país y una violación al marco constitucional y ambiental vigente.
