Durante los últimos once años, el Partido Revolucionario Moderno (PRM) ha pasado de ser una fuerza emergente del sistema político dominicano a convertirse en partido de gobierno. En ese trayecto, su discurso fundacional —centrado en el cambio, la transparencia, la institucionalidad y la lucha contra la corrupción— ha sido puesto a prueba por una serie de casos judiciales, denuncias administrativas y procesos de deportación vinculados al narcotráfico que han afectado a dirigentes, funcionarios y allegados políticos.
El PRM surgió formalmente en 2014 como una escisión del antiguo Partido Revolucionario Dominicano (PRD) y con el cambio de nombre del también existente partido Alianza Social Dominicana (ASD), liderado por la Familia del hoy presidente. Su consolidación se produjo con la victoria presidencial de Luis Abinader en 2020, en un contexto de desgaste institucional tras 16 años de gobiernos del PLD.
La promesa central del nuevo gobierno fue el fortalecimiento del Ministerio Público independiente y el combate frontal a la corrupción administrativa. De hecho, desde 2020 se han desarrollado procesos judiciales de alto perfil contra exfuncionarios de administraciones anteriores, lo que fue presentado como evidencia de una nueva etapa institucional, sin embargo, los casos de corrupción y narcotráficos no se hicieron esperar.
Casos de corrupción: entre el discurso y la práctica
No obstante, diversos episodios han generado cuestionamientos sobre la coherencia interna del partido. Investigaciones del Ministerio Público y de la Cámara de Cuentas han involucrado a alcaldes, directores de distritos municipales y funcionarios designados en entidades descentralizadas vinculados al PRM.
Entre los patrones observados en los expedientes públicos se encuentran: Sobrevaluación de contratos municipales, irregularidades en compras y contrataciones, uso indebido de fondos públicos en ayuntamientos y conflictos de interés en designaciones administrativas.
Si bien el gobierno ha insistido en que ningún funcionario cuenta con “protección política” y que los procesos siguen su curso judicial, sectores de la sociedad civil y la oposición han señalado que el desafío no es solo judicializar, sino prevenir estructuralmente la corrupción mediante reformas profundas en los sistemas de control interno, compras públicas y fiscalización parlamentaria.
Desde una perspectiva comparada, los índices internacionales de percepción de corrupción muestran leves variaciones en los últimos años, pero mantienen a la República Dominicana con retos estructurales en materia de transparencia y rendición de cuentas.
En las redes ha circulado una “pequeña lista” de casos que, a su juicio, evidencian irregularidades, escándalos administrativos y situaciones cuestionables durante los primeros cinco años del gobierno encabezado por el presidente Luis Abinader, del Partido Revolucionario Moderno (PRM).
La enumeración incluye expedientes administrativos, investigaciones judiciales, renuncias de funcionarios, denuncias públicas y controversias mediáticas en distintas instituciones del Estado.
Casos citados conocidos en los medios sociales:
- Caso SENASA.
- Caso SNS (Servicio Nacional de Salud).
- Caso de la jeringa.
- Caso Ministerio de Educación.
- Caso Macarrulla.
- Caso INABIE.
- Caso IMPOSDOM.
- Casos Ministerio de la Juventud
- Caso (Pintura) proyectos Especiales de la presidencia.
- Caso Supérate.
- Caso “Tony Millones”.
- Caso Acuario Nacional.
- Caso Torre del Mérito.
- Caso FEDA.
- Caso Bartolomé Pujols.
- Caso EDEESTE (primer administrador renunciante).
- Caso Pasaportes.
- Caso INTRANT.
- Caso Lotería Nacional.
- Caso Carlos Bonilla – compra de terrenos en el Canódromo.
- Caso Leonardo Faña.
- Caso “El Burro School”.
- Caso ACCIONA.
- Caso Fideicomiso de Pedernales.
- Caso Papeles de Panamá (vinculaciones señaladas).
- Caso Ministerio de Agricultura (robo millonario y entrega de vehículos).
- Caso Aduanas Puerto Plata.
- Caso Instituto Tecnológico Superior Comunitario (ITSC).
- Caso Instituto Tecnológico de las Américas.
- Caso Dirección de Embellecimiento.
- Caso MERCA Santo Domingo.
- Operación Iguana (tráfico de ilegales por la frontera).
- Caso encargado de Aduanas detenido en camión.
- Caso ministro que terminó en tragedia.
- Robo de 375 toneladas de harina en Puerto de Haina.
- Caso venta de armas en Interior y Policía.
- Caso negocios con puestos en Salud.
- Caso escándalo logo Marca País.
- Caso robo de 400 kilos de cocaína en Barahona (Policía Nacional).
- Venta de puestos en Salud Pública.
- Compra de transformadores chinos en Edesur (denuncia de Marranzini).
- Duplicidad y privilegios en tarjeta Supérate.
- Ampliación Autopista Duarte.
- Licitación de emergencia Línea 2C del Metro de Santo Domingo.
- Renegociación contrato Aerodom.
- Proyecto generación eléctrica Monte Cristi.
- Convención en empresa pública Punta Catalina.
- Fideicomiso de terrenos del CEA.
- Pensiones solidarias masivas.
Deportaciones por drogas
Otro elemento que ha marcado la narrativa política ha sido el incremento de casos de dominicanos deportados desde Estados Unidos y Europa por delitos relacionados con narcotráfico. Aunque este fenómeno no es exclusivo de un partido ni de un período gubernamental específico, algunos de los deportados han tenido vínculos directos o indirectos con estructuras políticas locales.
La cooperación entre la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y agencias como la Drug Enforcement Administration (DEA) ha permitido operaciones conjuntas y extradiciones relevantes. Sin embargo, la recurrencia de casos donde actores políticos o exaspirantes a cargos públicos aparecen vinculados a redes criminales ha generado preocupación sobre los filtros éticos en la selección de candidaturas.
Especialistas en criminología advierten que el narcotráfico tiende a infiltrarse en estructuras políticas locales mediante financiamiento de campañas, patrocinio comunitario y vínculos clientelares. En ese contexto, la debilidad de los mecanismos de control partidario puede facilitar la penetración del crimen organizado en el sistema democrático.
Miguel Gutiérrez Díaz: Exdiputado por Santiago. Arrestado en Miami (2021) y condenado a 16 años de prisión por narcotráfico y lavado de activos.
Yamil Abreu Navarro: Exdirector de la Junta Municipal de Las Lagunas, Azua. Extraditado en 2020 por nexos con el narcotráfico internacional.
Edickson Herrera Silvestre (Yeyea): Regidor por La Romana. Arrestado en Estados Unidos (2025) bajo cargos de narcotráfico.
En mayo de 2025, fue destituido Fabio Augusto Jorge-Puras, exasesor honorífico para las Zonas Francas, acusado por un jurado federal de distribuir cocaína entre República Dominicana, Colombia y Estados Unidos entre 2019 y 2020.
Otro caso es el de Gaspar Antonio Polanco Virella, exdirector de Servicios Públicos de la Alcaldía del Distrito Nacional, señalado por autoridades estadounidenses como parte de una red internacional de narcotráfico. En octubre de 2025, viajó voluntariamente a Miami para entregarse a las autoridades.
A esta lista se suma Edickson Herrera Silvestre, regidor del PRM por el Distrito Nacional, quien se entregó en mayo tras ser acusado de integrar una red internacional de tráfico de cocaína. Fue suspendido en septiembre por el Consejo de Regidores del cabildo capitalino.
Igualmente figura Rosa Pilarte, exdiputada de Santiago y esposa de Miguel Arturo “Micky” López, también vinculado al crimen organizado. Fue condenada a cinco años de prisión por narcotráfico, lo que le impidió reelegirse en el Congreso.
También los esposos Juan Maldonado y Faustina Guerrero Cabrera, dirigentes del PRM en El Seibo, fueron señalados en la Operación Falcón, una amplia investigación de lavado de activos provenientes del narcotráfico. Maldonado fue suspendido como titular de la Dirección General Comunidad Digna.
Responsabilidad institucional y desafíos pendientes
Desde el punto de vista jurídico, la responsabilidad penal es individual. No obstante, en el ámbito político la responsabilidad es también institucional y ética. La fortaleza de un partido en el poder se mide por su capacidad de: Establecer filtros rigurosos en la selección de candidatos, transparentar el financiamiento electoral, promover auditorías independientes y permanentes e impulsar reformas que reduzcan la discrecionalidad administrativa.
A once años de su fundación, el PRM enfrenta el reto de consolidar su narrativa anticorrupción con resultados sostenibles y verificables. El combate al narcotráfico y la corrupción no solo requiere persecución penal, sino políticas públicas preventivas, fortalecimiento institucional y una cultura de integridad en la función pública.
El balance de estos once años muestra luces y sombras. Por un lado, se han desarrollado procesos judiciales inéditos en la historia reciente del país; por otro, persisten denuncias y casos que erosionan la credibilidad del sistema político en su conjunto.
Más que un debate partidario, la discusión remite a la calidad de la democracia dominicana. La corrupción y el narcotráfico no distinguen colores políticos; penetran allí donde encuentran debilidad institucional. El desafío, por tanto, trasciende al PRM y se convierte en una tarea de Estado: fortalecer la transparencia, blindar el sistema electoral y garantizar que el ejercicio del poder público esté subordinado, sin excepciones, al imperio de la ley.
Finalmente, al PRM no se le perdona que en campaña vendió un cambio que nunca llegó; para mucho opinologos el país ha pasado de tapar la corrupción en los gobiernos pasados a lavar la corrupción en el gobierno actual.
