La Fundación Ecológica Tropical (FUNDETROP) expresa su más enérgico rechazo a la reciente decisión del Tribunal Superior Administrativo (TSA) que favorece intereses privados dentro del Parque Nacional Jaragua, por constituir una violación directa a la Constitución de la República, a las leyes ambientales vigentes y a los compromisos internacionales asumidos por el Estado dominicano en materia de protección del patrimonio natural.
En nombre de la institución Nelson Reyes Estrella, politólogo y abogado dijo que «No podemos dejar al Ministerio de Medio Ambiental accionar solo en el Tribunal Constitucional, porque hay que recordar que en el año 2018 nos quitaron de una forma sorpresiva el Parque Nacional Manolo Tavarez Justo cuando el ministerio debía defenfer el area en el tribunal y ante los sectores que organizaron una trama para dejar sin efecto el decreto que creó el parque en el 2011».Junto al equipo jurídico de FUNDETROP sostiene que dicha sentencia es abiertamente inconstitucional, al desconocer el alcande del artículo 16 de la Constitución, que declara las áreas protegidas como *inalienables, imprescriptibles e inembargables, así como el principio de supremacía constitucional establecido en el artículo 6.
La decisión del TSA pretende colocar supuestos derechos privados por encima del interés general y del derecho colectivo de la sociedad dominicana a un medio ambiente sano.
De ejecutarse esta decisión, se abriría la puerta a la privatización de aproximadamente 11 kilómetros cuadrados (11 km²) del Parque Nacional Jaragua, una superficie significativa de territorio legalmente protegido que incluye ecosistemas frágiles, zonas costeras de alto valor ecológico, hábitats de especies endémicas y áreas estratégicas para la conservación de la biodiversidad y el equilibrio ambiental del suroeste del país.
Más grave aún, esta sentencia sienta una peligrosa y criminal jurisprudencia, al legitimar la ocupación, el despojo y la apropiación irregular de bienes ambientales del Estado, enviando un mensaje de permisividad e impunidad a las mafias que históricamente han operado contra las áreas protegidas, muchas de ellas vinculadas a intereses económicos que, en nombre del turismo y la minería, buscan destruir el Sistema Nacional de Áreas Protegidas mediante la fragmentación, reducción y privatización encubierta de territorios estratégicos para la vida y la soberanía nacional.
FUNDETROP advierte que esta decisión amenaza no solo el patrimonio ecológico de la República Dominicana, sino también el modelo de turismo sostenible, la imagen internacional del país y la seguridad ambiental de las generaciones presentes y futuras. El Parque Nacional Jaragua forma parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas y de la Reserva de Biosfera Jaragua–Bahoruco–Enriquillo, reconocida por la UNESCO, lo que impone al Estado dominicano el deber ineludible de garantizar su protección integral.
Ante la gravedad de estos hechos, FUNDETROP hace un llamado urgente a la organización y articulación de las organizaciones ambientales, sociales, académicas y comunitarias, así como a juristas, científicos y ciudadanos conscientes, para enfrentar de manera firme y unitaria las mafias que atentan contra el patrimonio ecológico nacional. «En nombre de un falso desarrollo, el turismo depredador y la minería irresponsable pretenden destruir nuestras áreas de protección estratégica, vulnerando la Constitución y comprometiendo el futuro del país».
La defensa del Parque Nacional Jaragua no es solo una causa ambiental: es una lucha por la soberanía, la legalidad, la Constitución y el futuro de la República Dominicana. FUNDETROP reitera que ningún interés privado puede colocarse por encima del interés público, y que corresponde al Tribunal Constitucional restablecer el orden constitucional, anular esta decisión y sentar un precedente firme en defensa del Sistema Nacional de Áreas Protegidas.
