Santo Domingo, R.D. — La reducción de los límites del Parque Nacional Jaragua para dar paso al denominado Polo Turístico de la Región Suroeste ha desencadenado un conflicto judicial entre el Estado dominicano y presuntos propietarios privados, cuyas reclamaciones recaen sobre terrenos ubicados dentro de una de las áreas protegidas más importantes del país.
Este litigio, lejos de ser un simple diferendo legal, amenaza con sentar un precedente peligroso que podría abrir el camino a la explotación comercial, inmobiliaria y turística de una zona declarada de alto valor ecológico, poniendo en riesgo ecosistemas frágiles, biodiversidad única y compromisos nacionales e internacionales de conservación ambiental.
El origen del conflicto se remonta a la Ley núm. 266-04, promulgada por el entonces presidente Hipólito Mejía apenas cuatro días antes de concluir su mandato, mediante la cual se creó el Polo Turístico del Suroeste, abarcando las provincias Barahona, Pedernales, Independencia y Bahoruco. Dicha legislación implicó, en los hechos, la modificación de los límites del Parque Nacional Jaragua, sin que mediara un debate público amplio ni estudios ambientales rigurosos conocidos por la ciudadanía.
Organizaciones ambientales y sectores académicos han advertido que esta decisión legislativa no solo vulneró el régimen jurídico de las áreas protegidas, sino que también abrió un escenario de inseguridad jurídica, hoy evidenciado en los tribunales, donde intereses privados buscan legitimar la ocupación y explotación de terrenos que deberían permanecer bajo protección absoluta del Estado.
El caso Jaragua vuelve a colocar en el centro del debate nacional la colisión entre desarrollo turístico y conservación ambiental, y plantea una pregunta clave: ¿Puede el interés económico, amparado en leyes aprobadas al filo del poder, imponerse sobre el patrimonio natural de todos los dominicanos?
