Por Henry Polanco
Donald Trump abolió, de golpe y porrazo, el derecho internacional y el llamado “mundo basado en reglas”. El denominado “mundo libre”, que durante décadas se presentó como garante del orden, la moral y la ética global, ha sido sustituido abiertamente por el derecho de la fuerza.
Tras la Primera y, sobre todo, la Segunda Guerra Mundial, en Occidente crecieron de manera significativa los llamados al derecho internacional. En él se depositaron las esperanzas de un “mundo sin guerras”. Las naciones, exhaustas por los conflictos globales, apostaron por un sistema que impidiera nuevas guerras mundiales. Así nació la ONU, concebida para mantener la paz mundial mediante el equilibrio entre las grandes potencias y la participación formal de todos los Estados.
A primera vista, se trataba de una aspiración noble. Sin embargo, la ONU fue pensada también como el primer paso hacia un gobierno mundial: una arquitectura de gobernanza global centralizada, funcional al proceso de globalización liderado por Occidente.
La existencia de la Unión Soviética —que se presentaba como una alternativa política, económica y civilizatoria al modelo capitalista occidental— impidió que la ONU se consolidara como un instrumento exclusivo de dominación occidental. No obstante, tras el colapso de la URSS, esa oportunidad volvió a emerger con fuerza.
Conviene recordar que el derecho internacional, a finales del siglo XIX y principios del XX, no era universal. Regulaba fundamentalmente las disputas entre potencias europeas y norteamericanas, especialmente en torno al reparto colonial de África y otras regiones. Era, en esencia, un derecho europeo y estadounidense, impuesto al resto del mundo.
Bajo la lógica colonial, se asumía que el “hombre blanco” sabía mejor lo que necesitaban africanos, asiáticos, musulmanes e indígenas. Primero se les sometía mediante tratados redactados en Londres, París o Washington; luego se les imponían leyes ajenas, elaboradas por abogados europeos o por élites locales formadas bajo esa misma lógica de subordinación.
Hasta bien entrado el siglo XX, el racismo —incluido el racismo legal— fue norma en Occidente. Solo después del horror nazi y del proceso de descolonización comenzó a disimularse.
Desde entonces, el llamado “derecho internacional” pasó a convertirse en una herramienta clave de la globalización: un mecanismo de subordinación del mundo entero a Occidente mediante normas sobre comercio, armas, salud, cultura y finanzas, redactadas por europeos y estadounidenses, pero obligatorias para todos.
Incluso gran parte de la legislación interna de los países recién independizados fue elaborada por juristas europeos o por discípulos locales formados bajo la tutela anglosajona o francesa.
El imperio de la fuerza nunca desapareció; simplemente se cubrió con el velo del derecho internacional, presentado como neutral, universal y beneficioso, mientras el monopolio real de la fuerza permanecía en manos de unos pocos.
La URSS intentó construir una alternativa socialista, pero el proyecto se estancó a finales de los años setenta. China, por su parte, optó por integrarse parcialmente al orden mundial occidental, conservando al mismo tiempo su independencia política real.
Tras la caída soviética y la consolidación de la Unión Europea, Occidente intentó acelerar la globalización usando la ONU como instrumento. Estados Unidos debía ser el motor de ese proceso. Pero el plan fracasó.
Primero, porque Washington nunca logró convertir a la ONU en un instrumento plenamente obediente. Segundo, porque la globalización erosionó los Estados nacionales, incluido el propio Estados Unidos. Y tercero, porque amplios sectores de la sociedad estadounidense —especialmente bajo la visión MAGA— comenzaron a ver la globalización como una amenaza existencial.
Así, la resistencia al globalismo no vino solo del mundo no occidental, sino también desde dentro de Estados Unidos. El estancamiento del proyecto globalista se hizo evidente a mediados de la década pasada, y la victoria de Trump en 2016 fue consecuencia directa de ello.
El derecho internacional dejó de servir a su función original: garantizar el dominio occidental. Peor aún, comenzó a beneficiar a rivales estratégicos como China. Por eso Trump lo descartó sin rodeos. No necesitaba una herramienta que ya no funcionaba a favor de Estados Unidos.
Trump abandonó el modelo anglosajón de globalización y apostó por la hegemonía directa: no un Occidente unido, sino un Estados Unidos más fuerte, temido y dominante. Europa dejó de ser socio para convertirse en cliente. El mundo dejó de ser una comunidad regulada para volver a ser un tablero de fuerza.
Amenazas, anexiones, doctrinas hegemónicas y presión económica sustituyen ahora la retórica moralista occidental. La ley del más fuerte vuelve sin máscaras.
No será un mundo más justo ni más estable, pero sí uno más honesto: sin hipocresía, sin moral fingida y sin el disfraz del derecho internacional como coartada del poder.
