Editorial
SANTO DOMINGO, RD. — El año 2025 cierra con un balance profundamente negativo para el medio ambiente en la República Dominicana, marcado por múltiples denuncias ciudadanas, comunitarias y de organizaciones ambientalistas que alertaron sobre el deterioro acelerado de los recursos naturales y la débil respuesta institucional frente a problemas estructurales.
Entre las principales denuncias del año figuran la contaminación persistente de ríos y cañadas, especialmente en cuencas estratégicas como el Yaque del Norte, Ozama e Isabela, afectadas por descargas de aguas residuales, residuos industriales y vertederos improvisados sin ningún tipo de control ambiental.
Durante 2025 también se denunciaron graves fallas en la gestión de residuos sólidos, con vertederos a cielo abierto operando sin medidas de mitigación, incendios frecuentes, lixiviados contaminando fuentes de agua y comunidades expuestas a riesgos sanitarios, como ocurrió en varias localidades del Cibao y el Gran Santo Domingo.
Otro foco de denuncia fue la deforestación y ocupación irregular de áreas protegidas, incluyendo zonas de amortiguamiento de parques nacionales, cuencas hidrográficas y áreas de alto valor ecológico, muchas veces asociadas a proyectos inmobiliarios, extracción de materiales y agricultura extensiva sin permisos ambientales.
Las organizaciones ambientales y comunidades costeras alertaron, además, sobre el impacto creciente del sargazo, la contaminación marina y la presión sobre manglares y arrecifes, lo que afectó la biodiversidad y la economía local ligada al turismo y la pesca artesanal.
A lo largo del año también se cuestionó la debilidad en la fiscalización ambiental, la lentitud en la aplicación de sanciones, la falta de seguimiento a denuncias formales y la percepción de permisividad frente a infracciones ambientales cometidas por actores con poder económico o político.
Pese a anuncios oficiales, planes y compromisos internacionales, las denuncias coincidieron en señalar que las acciones fueron insuficientes frente a la magnitud del daño ambiental, colocando al medio ambiente como uno de los grandes perdedores del 2025.
Organizaciones sociales, académicos y líderes comunitarios reiteraron el llamado a que la protección ambiental deje de ser un discurso y se convierta en una política de Estado efectiva, con participación ciudadana, transparencia, sanciones reales y una visión de desarrollo verdaderamente sostenible.
