El retorno del neoliberalismo en República Dominicana (II).

 Hacia un Estado Fideicomiso; de la Ley de Alianza Publico Privada a la Ley de fideicomisos.

Con la llegada al poder de Luis Abinader y el PRM en 2020, los astros se alinearon; elegido presidente un próspero empresario, y en plena transición aprobada la Ley 47-20 sobre Alianzas Público-Privadas (APP). Así se cumplió el sueño histórico del sector empresarial dominicano de administrar las riquezas públicas sin tener que someterse a los complejos procesos electorales. Desde entonces, la República Dominicana vive un proceso de transformación cuestionable en la forma de gestionar los bienes y servicios públicos, marcado por un modelo de corte neoliberal que, aunque revestido de modernidad, reproduce la lógica histórica de la privatización de la riqueza estatal.

Este proceso, iniciado con la mencionada Ley de APP, se consolidó con la aprobación de la Ley sobre Fideicomisos Públicos. De esta manera, el gobierno impulsó una nueva ola de reformas orientadas a desregular y financiar estructuras privadas desde el Estado, disfrazadas como grandes inversiones provenientes del sector privado.

 Ley 47-20; la puerta de entrada al nuevo modelo.

La Ley de Alianzas Público-Privadas (Ley 47-20), promulgada en febrero de 2020, estableció un marco legal para que el sector privado participe en proyectos de infraestructura y servicios públicos. Aunque fue aprobada durante el último año del gobierno anterior, su implementación real comenzó con la administración del presidente Abinader, quien activó la Dirección General de APP (DGAPP) y lanzó ambiciosos proyectos estratégicos bajo este esquema.

Este instrumento permitió al Ejecutivo pactar alianzas para desarrollar proyectos turísticos (como Punta Bergantín), educativos en virtual deterioro de la educación pública para poder financiar la educación privada, de residuos sólidos (DO Sostenible), de transporte masivo (FITRAM), consolidando una estructura paralela de gestión estatal, menos sujeta al escrutinio público y el intento de privatización de la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID). Aunque el gobierno ha negado oficialmente sus intenciones, se reveló en 2022 un anteproyecto de ley para convertir EGEHID en una sociedad anónima estatal, primer paso tradicional en procesos de privatización. La presión de sectores sociales y sindicales logró frenar temporalmente esta medida.

Ley 28-23; fideicomisos públicos como brazo operativo del neoliberalismo.

En marzo de 2023, el Congreso dominicano aprobó la Ley 28-23, que regula los fideicomisos públicos y otorga base legal a una práctica creciente: la administración de bienes estatales mediante fiduciarias privadas. Aunque el objetivo declarado fue dotar al Estado de herramientas flexibles para ejecutar proyectos y atraer inversión, en la práctica esta figura ha facilitado la descentralización sin transparencia y la transferencia de la gestión pública a empresas privadas, sin controles democráticos efectivos ni fiscalización adecuada.

Entre los casos más emblemáticos se encuentran el Fideicomiso Pro-Pedernales, que gestiona el megaproyecto turístico de Cabo Rojo con inversión extranjera directa y sin participación activa de las comunidades locales, generando denuncias sobre la posible venta de terrenos estatales y pérdida de soberanía ambiental; el Fideicomiso FITRAM, encargado del tren metropolitano de Santo Domingo y el monorriel de Santiago, ejecutado al margen de los controles presupuestarios tradicionales; y los fideicomisos de Arte Público y de Vivienda (Familia Feliz), que canalizan fondos públicos a través de Fiduciaria Reservas y empresas constructoras con escasa supervisión.

A la estrategia neoliberal del gobierno dominicano encabezado por Luis Abinader y el PRM, sustentadas en las citadas las leyes, se suman decisiones ejecutivas que han significado una creciente transferencia de patrimonio público a intereses privados. Entre las más controversiales figuran la renovación anticipada del contrato de Aerodom, y la entrega de casi 50 mil tareas de tierra a Barrick Gold mediante el Decreto 270-22, y la creciente intervención en proyectos turísticos, mineros e inmobiliarios.

En el caso de Aerodom, el gobierno renovó en 2023, siete años antes del vencimiento del contrato vigente, la concesión a Vinci Airports hasta el año 2060, Casi en plena campaña electoral, con el objetivo de acceder a un pago iniciar de 775 millones de dólares, cuya inversión y distribución han sido fuertemente cuestionadas. La renovación se hizo sin licitación pública internacional y sin consulta ciudadana, lo que ha sido interpretado como una entrega injustificada de un activo estratégico del Estado.

En paralelo a lo anterior, la entrega masiva de tierras a Barrick Gold refuerza un modelo extractivista sin control ciudadano, mientras se debilita la soberanía ambiental mediante la flexibilización de los límites y usos en áreas protegidas. Todo esto representa una privatización encubierta, una concentración del poder económico y un debilitamiento del control democrático sobre los bienes públicos.

Además, se ha planteado la creación de fideicomisos tanto para la Policía Nacional como para las áreas protegidas. En este último caso, se busca favorecer, a través de megaproyectos turísticos, urbanísticos y mineros, al sector empresarial, lo que ha derivado en conflictos legales, presiones privadas orientadas a desclasificar o flexibilizar los niveles de protección ambiental.

El discurso oficial presenta estas intervenciones como desarrollo sostenible, pero los hechos muestran un patrón sistemático de revalorización inmobiliaria, exclusión comunitaria y desmonte del régimen de áreas protegidas, en clara sintonía con una visión de mercado de la naturaleza.

Un modelo político-económico con rostro moderno y alma neoliberal.

La narrativa del gobierno ha sido clara: atraer inversión, modernizar la gestión pública y aumentar la ejecución de obras. Sin embargo, al hacerlo a través de fideicomisos, APP y concesiones a largo plazo, el Estado se ha replegado como actor directo y ha delegado funciones esenciales a entes privados, con escasa fiscalización ciudadana. Aunque algunos sectores celebran estos mecanismos como modelos de eficiencia y ejecución rápida, las alertas se multiplican: endeudamiento oculto, pérdida de control sobre activos estratégicos, privatización disfrazada y exclusión de comunidades locales del diseño de políticas públicas.

Por todo lo anterior, podemos concluir que entre los años 2020 y 2025, la política económica del gobierno dominicano ha girado en torno a un modelo neoliberal avanzado, en el que el Estado actúa como facilitador de negocios privados, dejando de ser el garante principal del bienestar colectivo. La combinación de la Ley 47-20 sobre Alianzas Público-Privadas, la Ley 28-23 sobre Fideicomisos Públicos y concesiones como Aerodom y Barrick Gold, ha consolidado un sistema de gobernanza que limita la participación democrática, debilita la institucionalidad y amplía las brechas sociales y ambientales. En este esquema, el Estado aporta las grandes riquezas, el sector privado cosecha los beneficios, y el pueblo dominicano asume los sacrificios.

Hoy, el país no solo debe debatir si estos mecanismos funcionan desde el punto de vista técnico-económico, sino también si son compatibles con los principios políticos constitucionales de soberanía, equidad, transparencia y justicia social. En definitiva, estamos ante el retorno del neoliberalismo en la República Dominicana, bajo nuevas formas y con profundas implicaciones para el futuro del modelo de desarrollo nacional, una transición del Estado Social y Democrático de Derecho al Estado Neoliberal Fideicomiso.

La primera parte de esta opinión se escribió en 2023 en este mismo diario, donde se abordó desde el origen del neoliberalismo hasta el cambio de gobierno en 2020.