Camino a una dictadura: la amenaza del poder arbitrario en República Dominicana.

Editorial

En la República Dominicana, el principal peligro para la democracia no proviene hoy de un golpe militar o de un dictador declarado, sino de la creciente arbitrariedad con la que actúan autoridades civiles, militares y policiales en flagrante violación a la Constitución. Las detenciones ilegales, los allanamientos, la represión de protestas pacíficas y el uso excesivo de la fuerza son solo algunos de los síntomas de un Estado que se aleja de sus principios fundacionales.

En lugar de garantizar el orden mediante el respeto a las normas, el poder se impone cada vez más por la fuerza. Casos recientes dan cuenta de cómo se utiliza el aparato militar y policial para reprimir, intimidar y silenciar, en abierta violación a los derechos ciudadanos.

En Zambrana, Cotuí, fuerzas militares y policiales irrumpieron violentamente en una manifestación comunitaria pacífica, resultando herido un sacerdote que defendía los derechos de su comunidad frente a los abusos de la minera Barrick Gold. Este hecho no fue un caso aislado.

En Puerto Plata, otro sacerdote fue arrestado de manera arbitraria por protestar contra decisiones de las autoridades locales, lo que revela una creciente intolerancia hacia la disidencia, incluso desde voces morales y sociales reconocidas.

Más grave aún, en distintos puntos del país, ciudadanos han perdido la vida a manos de agentes del orden en operativos cuestionables, sin que se hayan establecido responsabilidades claras ni consecuencias judiciales, de igual manera, en los barrios de todo el pais y en cualquier calle, cualquier ciudadano a cualquier hora es apresados por la policía o despojado de sus pertenencias  sea su vehículo o cualquier otro objeto, en franca violación de la constitución y de sentencias del mismo Tribunal Constitucional.

Estas actuaciones no solo son ilegales; son inconstitucionales. La Constitución prohíbe el uso excesivo de la fuerza y garantiza el debido proceso, la libertad de expresión y el derecho a la protesta. Cuando estas garantías son burladas por quienes tienen el deber de protegerlas, se socavan los cimientos democráticos.

La Carta Magna es clara en su artículo 8: el Estado tiene la obligación de garantizar la dignidad humana, la libertad y la seguridad de todas las personas. Sin embargo, en la práctica, los ciudadanos dominicanos enfrentan una realidad distinta, donde el uniforme muchas veces se convierte en sinónimo de impunidad. La militarización de funciones civiles, la intromisión de altos mandos en asuntos políticos y la ausencia de rendición de cuentas convierten a las fuerzas del orden en herramientas de control, no de servicio.

Cuando los gobernantes y sus agentes ignoran la supremacía de la Constitución, se desdibujan los límites entre autoridad y abuso, y se abre un camino peligroso hacia la tiranía. Callar ante estas prácticas es permitir que se normalicen. Por ello, es deber del pueblo, de la sociedad civil y de las instituciones democráticas alzar la voz, exigir respeto a los derechos fundamentales y detener la deriva autoritaria antes de que sea demasiado tarde.

Hoy, la tiranía no se impone con discursos grandilocuentes ni con tanques en las calles. Se instaura cuando la ciudadanía se acostumbra a la arbitrariedad, cuando se normaliza el abuso de poder y se tolera la militarización de la vida civil. El silencio frente a estas violaciones es complicidad.

Exigimos del presidnete de la República, Luis Abinader, detener ya el uso arbitrario de la Fuerza Pública, y que se investiguen los hechos con transparencia, que se sancione a los responsables y que se recupere el respeto absoluto a la Constitución y los derechos humanos. La democracia dominicana no puede sostenerse sobre la fuerza bruta, sino sobre la ley, la justicia y la dignidad de su gente.