Una Reforma en Retroceso: La peligrosa modificación de la Ley 176-07

Cuando la descentralización se convierte en clientelismo disfrazado

Por Charles Albino

La Ley 176-07 sobre el Distrito Nacional y los Municipios representa uno de los marcos legales más importantes en el proceso de descentralización del Estado dominicano.

Esta legislación buscó dotar a los gobiernos locales de herramientas claras para gestionar su desarrollo, con principios de eficiencia, transparencia y participación ciudadana. Sin embargo, lo que alguna vez fue concebido como un avance en la democratización del poder territorial hoy se ve amenazado por una propuesta que, lejos de fortalecer esta visión, abre las puertas a una regresión institucional peligrosa.

La reforma que actualmente promueven el presidente de la Liga Municipal Dominicana, Víctor de Aza, y la diputada Daruelis de Aza, nació en respuesta a un caso excepcional: la renuncia simultánea de un alcalde y su vicealcaldesa, lo que generó un vacío legal sobre cómo proceder con la sucesión de autoridades. Ese contexto justificaba una revisión técnica y puntual de la ley. Sin embargo, lo que ha tomado forma dista mucho de una solución quirúrgica. Lo que se ha puesto sobre la mesa es una reforma estructural que apunta a otorgar una discrecionalidad presupuestaria aún mayor a los alcaldes y directores de distritos, debilitando los controles ya frágiles sobre el gasto público municipal.

El problema central no es la descentralización en sí, que es deseable y necesaria, sino su aplicación sin contrapesos. Con la ley actual, muchas alcaldías ya muestran un manejo opaco de los recursos. Informes de la Cámara de Cuentas, de organizaciones de la sociedad civil y de medios de comunicación han evidenciado prácticas irregulares y escasa rendición de cuentas. Introducir más flexibilidad en el uso de los fondos, sin fortalecer simultáneamente los mecanismos de control, equivale a institucionalizar el desorden.

La propuesta crea un marco normativo que favorece la discrecionalidad del incumbente por encima de la institucionalidad territorial. No se trata de mejorar la eficiencia del gasto ni de impulsar el desarrollo de las comunidades, sino de permitir que los fondos públicos sean manejados como patrimonio político personal. Esto no es descentralización: es clientelismo con ropaje técnico.

Resulta inevitable leer esta propuesta como parte de una estrategia más amplia: blindar a los actuales incumbentes municipales y asegurar su permanencia en el poder. En un contexto preelectoral, donde las aspiraciones presidenciales están en plena ebullición, este tipo de reformas no son inocentes. Se trata de una maniobra política cuidadosamente calculada, cuyo objetivo es consolidar una red de poder territorial alineada con determinados intereses nacionales y propias aspiraciones presidencialistas.

Lejos de promover un sistema de gobierno local más sólido y participativo, lo que se está buscando es el control del territorio a través de una red clientelar sostenida con recursos públicos y sin controles efectivos.

Ahora bien, es justo reconocer que el sistema municipal sí necesita una mayor asignación presupuestaria y mejores condiciones laborales para su personal. La precariedad salarial y los escasos recursos que enfrentan muchos ayuntamientos son una realidad que limita su capacidad de gestión. Pero estas reivindicaciones deben lograrse a través de una reforma integral de la Ley de Presupuesto Nacional, que reconozca el rol estratégico del gobierno local en el desarrollo, y no a costa de flexibilizar los ya limitados y mal utilizados recursos municipales. Sacrificar institucionalidad por más recursos mal manejados sería un error de graves consecuencias.

Una reforma real y positiva a la Ley 176-07 debe partir del fortalecimiento institucional:
• Establecer normas claras de fiscalización y evaluación del gasto municipal.
• Fortalecer los Consejos de Desarrollo Municipal y la participación ciudadana real.
• Establecer criterios técnicos obligatorios para la planificación y ejecución de presupuestos.
• Profesionalizar la gestión municipal, alejándola del uso político coyuntural.

Cualquier modificación legal debe tener como eje el desarrollo de los territorios, no la supervivencia política de los actores que los administran.

Desde nuestra visión, esta reforma no debe ser aprobada por los senadores. Representa un retroceso, un debilitamiento institucional y un atentado contra la confianza ciudadana. Es una amenaza al desarrollo equitativo y transparente de nuestras comunidades.

Exigimos al Congreso Nacional actuar con responsabilidad. La democracia local no se fortalece entregando cheques en blanco, sino construyendo instituciones sólidas, legítimas y comprometidas con el bien común.