Entre la vida y la muerte, la isla grita»: FUNDETROP denuncia en su informe 2025 el alto costo ambiental del progreso en República Dominicana.

En el Día Mundial del Medio Ambiente, la Fundación Ecológica Tropical presenta un informe que alerta sobre el deterioro de los ecosistemas dominicanos, señalando la minería, la deforestación y la falta de voluntad política como los principales motores del colapso ambiental.

Santiago, R.D. | 5 de junio de 2025. En una contundente declaración titulada «Entre la vida y la muerte la isla grita: el costo ambiental del progreso», la Fundación Ecológica Tropical (FUNDETROP) ha lanzado una severa advertencia a la nación: el crecimiento económico desmedido está arrasando con los recursos naturales de la República Dominicana, poniendo en jaque su viabilidad ambiental, social y sanitaria.

El informe, elaborado por el politólogo y economista Nelson Reyes Estrella, con la colaboración de expertos en biodiversidad, agronomía y periodismo ambiental, denuncia que, lejos de proteger los ecosistemas, el Estado ha sido cómplice directo en múltiples violaciones a las leyes ambientales, priorizando los intereses económicos por encima de la sostenibilidad.

Las minas como epicentro del conflicto ecológico.

Según el documento, la actividad megaminera representa hoy la principal amenaza ambiental y social del país. La expansión de empresas como Barrick Gold y GoldQuest, con proyectos en Sánchez Ramírez, San Juan, Dajabón y Santiago Rodríguez, está afectando irreversiblemente fuentes de agua, suelos agrícolas y biodiversidad. La construcción de presas de cola, como la proyectada por Barrick Gold en Pueblo Viejo, pone en peligro comunidades enteras.

En San Juan, el proyecto minero Romero, de la empresa GoldQuest, ha generado alarma por el posible impacto en una de las principales zonas productoras de agua y alimentos del país. A pesar de las promesas económicas, FUNDETROP advierte que los riesgos superan con creces los beneficios.

Áreas protegidas bajo asedio

El informe señala que entre 2019 y 2024 se han producido cientos de violaciones en áreas protegidas, muchas con apoyo o permisividad estatal. Destacan casos como: Valle Nuevo (“Madre de las Aguas”), afectado por agricultura ilegal; Parque Cotubanamá, bajo amenaza por desarrollos turísticos y privatización de tierras; Manglares de Montecristi, devastados por la construcción del muro fronterizo sin permisos ambientales; los Haitises, acosado por deforestación, asentamientos ilegales y falta de vigilancia y las Cuevas del Pomier y Dunas de Baní, en peligro por vandalismo y presiones inmobiliarias.

También se denuncia que la carretera Cibao-Sur, calificada como «inviable» por el propio Ministerio de Medio Ambiente, atraviesa zonas ecológicamente críticas, amenazando parques nacionales como Bermúdez, José del Carmen Ramírez y Nalga de Maco.

Los ríos se ahogan en contaminación y abandono.

FUNDETROP expone un panorama crítico de las principales cuencas hidrográficas, amenazadas por extracción ilegal de materiales, deforestación, contaminación y sobreexplotación: El río Yuna, víctima de los llamados “carteles de arena”, enfrenta saqueo ambiental sin control; los ríos Yaque del Norte y del Sur presentan una alarmante disminución de caudal y calidad por deforestación, residuos tóxicos y presión agrícola y el río Ozama es descrito como un «vertedero a cielo abierto», mientras que el Artibonito, en la frontera con Haití, sufre por deforestación y falta de cooperación binacional.

Amenazas adicionales: agua privatizada, plásticos y sargazo

El informe alerta sobre intentos legislativos para privatizar el agua, una medida que, de aprobarse, pondría en riesgo el acceso equitativo al recurso. También resalta la crisis por residuos plásticos, que contaminan ríos, playas y el mar Caribe. El sargazo, intensificado por el cambio climático, afecta al turismo y la vida marina.

Llamado a la acción y a la justicia ecológica
FUNDETROP hace un llamado a redefinir el concepto de progreso: “El verdadero desarrollo solo es posible si se garantiza la sostenibilidad del entorno natural”, enfatiza el informe. La fundación exige acciones concretas en seis frentes: Rechazo a megaproyectos destructivos, defensa efectiva de áreas protegidas, rescate de fuentes hídricas, protección de la biodiversidad, aprobación urgente de leyes ambientales clave (como las de Loma Miranda, Ley de Agua, Ley sobre Ciudades Verdes y la Ley que Tipifica el Ecocidio), y la educación ambiental desde las comunidades.

Estas son evidencias fehacientes del fracaso de la política gubernamental en materia ambiental, las problemáticas se han incrementado en los últimos 6 años, muchas por la asociación misma del gobierno ejecutivo para ejecutar proyectos que violan la ley.

Con tono firme, el informe concluye que sin unidad monolítica del pueblo dominicano no será posible frenar la destrucción. La organización urge al Estado a cumplir las leyes existentes y a colocar el bienestar ecológico por encima de intereses corporativos o políticos.