Expertos Internacionales Abogan en Santiago por Criminalizar el Ecocidio ante la CPI
El panel coordinado por Nelson Reyes Estrella de la Fundación Ecológica Tropical (FUNDETROP), Stop Ecocide International y el apoyo del Recinto Santiago de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, tiene el objetivo de generar conciencia sobre la urgente necesidad de ampliar la jurisdicción de la Corte Penal Internacional (CPI) para incluir los crímenes ambientales como delitos de lesa humanidad.
Santiago de los Caballeros, R.D – En un conversatorio organizado por la Fundación Ecológica Tropical (FUNDETROP), Stop Ecocide International y el apoyo del Recinto Santiago de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, con el objetivo de generar conciencia sobre la urgente necesidad de ampliar la jurisdicción de la Corte Penal Internacional (CPI) para incluir los crímenes ambientales como delitos de lesa humanidad, se llevó a cabo la conferencia «Las posibilidades de ampliación de las competencias de la Corte Penal Internacional, con la propuesta de inclusión de los crímenes ambientales«.
La conferencia se desarrolló en el salón de actos de la Ercilia Pepín del Recinto universitario, coincidiendo con un momento crítico, donde la naturaleza en la República Dominicana sufre un grave maltrato a manos de empresas e individuos que parecen ignorar el valor fundamental del medio ambiente para el bienestar de la sociedad.
La diputada y activa defensora del medio ambiente, Llaniris Espinal, ofreció las palabras de bienvenida. En su intervención, expresó la profunda preocupación e impotencia que genera la situación actual, mencionando específicamente las operaciones de la Barrick Gold. «Durante años, se han llevado nuestro oro, dejándonos miseria y enfermedades. La minería practicada en la República Dominicana permite que otros países se aprovechen de nuestra condición de país en vías de desarrollo, creyendo que tienen derecho a enriquecerse a nuestra costa», afirmó Espinal.
La legisladora denunció el «ataque militar a la comunidad de el Naranjo, provincia Sanche Ramírez” a consecuencia de nuestro campesinos que se oponen a la intención de la Barrick de construir una 2da presa de cola, «mortal para esas comunidades». También la lucha de los serranos, “quienes durante cuatro años hemos enfrentado a la empresa Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID) y al Estado dominicano por su intento de construir una presa en el nacimiento de los ríos Jagua y Bao, que abastecen las importantes presas de Tavera y Bao. «No es que seamos anti-presas», es que esa hidroeléctrica sería un crimen para áreas protegidas y las comunidades de san José de las Matas y Jánico, aclaró la diputada.
La actividad contó con la participación destacada de Jojo Mehta, directora general de Stop Ecocide International, y Rodrigo Lledó, director ejecutivo de la misma organización. Ambos compartieron los avances de esta iniciativa global que busca tipificar el ecocidio como el quinto crimen internacional que persigue la CPI, junto al genocidio, los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de agresión.
Durante su intervención, Jojo Mehta explicó que Stop Ecocide trabaja arduamente desde hace años con juristas, diplomáticos, líderes indígenas y activistas ambientales de todo el mundo. El objetivo primordial es lograr que el ecocidio sea reconocido como un crimen claramente definido y punible dentro del marco del derecho penal internacional.
Por su parte, Rodrigo Lledó destacó la importancia de la colaboración internacional y el papel fundamental de la sociedad civil para impulsar este cambio trascendental en la legislación internacional.
Los expertos definieron el término ecocidio como “cualquier acto ilícito o arbitrario que, siendo consciente de su impacto, tenga una alta probabilidad de causar daños graves, extensos o duraderos al medioambiente. Se considera «arbitrario» aquel acto que, de manera temeraria, ignora daños claramente desproporcionados en comparación con el beneficio social o económico que se busca obtener”.
Por “grave” se entiende un daño que produce alteraciones profundas o visibles en el medioambiente, incluyendo impactos serios sobre la vida humana o los recursos naturales, culturales o económicos. El término “extenso” abarca los daños que superan áreas limitadas, cruzan fronteras estatales o afectan ecosistemas enteros, especies completas o grandes poblaciones humanas. “Duradero” se refiere a daños irreversibles o que no puedan repararse de forma natural en un plazo razonable. Finalmente, se define como “medioambiente” a la totalidad del planeta y sus sistemas naturales —biosfera, litosfera, hidrosfera, atmósfera, criosfera— así como el espacio ultraterrestre.
Por su parte, como presidente de FUNETROP, Reyes Bourdierd dijo que la República Dominicana enfrenta una grave problemática ambiental que amenaza su rica biodiversidad. Ecosistemas cruciales como bosques, montañas, manglares y arrecifes de coral están en peligro por la expansión agrícola, ganadera, el desarrollo turístico y la minería. El cambio climático y las especies invasoras agravan la situación.
“La minería en la Cordillera Central es una gran preocupación, con licencias de exploración y explotación que amenazan este importante ecosistema. Proyectos mineros como los de Barrick Gold, GoldQuest y Falcondo están desplazando comunidades, destruyendo ríos y afectando áreas protegidas” agregó. Las áreas protegidas también sufren amenazas. Proyectos hidroeléctricos, desarrollo turístico, extracción de minerales y construcciones ilegales impactan parques nacionales como Jaragua, Cotubanamá, Los Haitises y otros. La contaminación de ríos y la destrucción de manglares y dunas costeras son otros problemas urgentes.
La conferencia fue organizada por la Fundación Ecológica Tropical en colaboración con diversas instituciones ambientalistas, comunitarias y académicas. Contó con la asistencia de estudiantes, docentes, juristas, autoridades universitarias y un público general comprometido con la justicia climática y la protección de los derechos de la naturaleza.
Esta jornada reafirma el firme compromiso de la UASD Recinto Santiago con la promoción del pensamiento crítico y la defensa de los valores universales de justicia, sostenibilidad y derechos humanos.
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