El Retorno del Neoliberalismo en la República Dominicana

Nelson Reyes Estrella / Mi Aldea Global / nelsonreyesestrella@gmail.com

 En los años 70 se desarrollaron unas series de teorías en el ámbito de la economía, las cuales planteaban en el sentido más amplio un Estado mínimo, la privatización de las empresas pública, la reducción del gasto gubernamental, la desregulación financiera y hasta la reducción de los impuestos a las empresas y personas más ricas.

En el ámbito político estas propuestas se legitimarían con lo que se conoce como el Consenso de Washington, término acuñado en 1989 por el economista británico John Williamson y que hace referencia a los acuerdos firmados por Margaret Thatcher de Reino Unido y Ronald Reagan de los Estados Unidos y cuya base fue la teoría económica neoliberal de la escuela pro-mercado de la Universidad de Chicago.

El mal llamado Consenso de Washington lo que menos pues llamarse es consenso, pues estas son políticas de imposición de los países desarrollados para colocar los grandes capitales a los países pobres, cuya receta llegan a través del FMI y del Banco Mundial, encontrando grandes resistencias en los países subdesarrollados por la privatización de empresas nacionales y los paquetes fiscales que se imponen para cumplir con los compromisos financieros del Estado. 

Las políticas neoliberales alcanzaron éxitos notables en países como Canadá, Estados Unidos y los países europeos y con ese pretexto fueron introducida a los países del llamado tercer mundo o países pobres que rápidamente vendieron sus empresas iniciaron proceso de reformas para dar paso a las ideas neoliberales procedente de los acuerdos Thatcher y Reagan.

En República Dominicana, el período de los diez años del presidente Joaquín Balaguer se vio compelido a iniciar el proceso de transición del modelo político económico de la República Dominicana al modelo neoliberal, sin embargo, la resistencia del presidente Balaguer impidió un avance significativo del nuevo modelo político-económico.  Aunque la retorno al gobierno en 1986 coincidía con las ideas del Consenso de Washington y la revuelta de 1984 lo que allanó el camino para implantar las nuevas políticas bajo la imposición del FMI, Balaguer se resistió a un proceso radical de privatización de las empresas públicas, por consiguiente, le correspondió a los gobiernos siguientes poner en prácticas las ideas neoliberales diseñada en Estados Unidos y el Reino Unido y es así como el gobierno de Leonel Fernández inicia un proceso de reformas neoliberales.

Entre las principales empresas privatizada o capitalizada  por la Ley General de Reforma de la Empresa Pública No. 141-97, promulgada en fecha 24 de junio de 1997 están la Corporación Dominicana de Electricidad (CDE), la Corporación Dominicana de Empresas Estatales (CORDE), Consejo Estatal del Azúcar (CEA) y Corporación de Fomento de la Industria Hotelera (CORPHOTEL), a fin de lograr la participación de la inversión privada, nacional y/o extranjera en la propiedad mediante modalidades de capitalización, concesiones, transferencias de acciones y venta de activos, las cuales según la ley no podían exceder el 50% de las acciones.

Con esta Ley quedaba oficialmente instaurado el neoliberalismo en el Estado dominicano; por consiguiente, con el fin de acabar con los apagones y reducir los costos, la CDE desde el gobierno 1996 -2000 pasó a ser administrada por el sector privado con un pacto a 5 años en 1999, pero las expectativas eran tan altas que en el año 2001 el acuerdo se extendió por 15 años.

Las expectativas del modelo neoliberal fueron de tal magnitud que hasta la corrupción terminó privatizando, pues, con la quiebra de los bancos Baninter, Bancrédito y Mercantil que representaron más de 82 mil millones de pesos en ese entonces, el Estado por decisión del gobierno ejecutivo asumió aquel desfalco con impuestos a los ciudadanos para devolver dinero a los ricos, aun en contra de lo que establecía la Ley Monetaria y financiera. Este modelo de gestión de crisis bancaria luego sería imitado por otros países, incluidos los Estados Unidos en las crisis de 2007 y se ha hecho un gran negocio que el Estado que es lo mismo decir “los ciudadanos”, no solo paguen los lujos de los ricos, sino también los robos que representan sus empresas quebradas.

Esa misma crisis del 2003 en la República Dominicana terminó sucumbiendo las expectativas de la privatización de las empresas del Estado, por decisión de Unión Fenosa la CDE volvió a manos del Estado, con un acuerdo que iniciaría en 2003 y terminaría en 2009 cuando el Estado recuperó parte del sector eléctrico. Sin embargo, un aspecto positivo es que la producción de azúcar alcanzó récord histórico en manos del sector privado, así mismo, los molinos de harina alcanzaron niveles de mejoras que se mantienen hasta hoy.

En lo adelante, a partir del gobierno de 2004 se puede hablar del retorno del Estado, aunque no se recuperarán las empresas del Estado privatizadas, no se seguirá con la privatización de otras, se puede decir que de 2004 al 2020 se produce una especie de pausa de la ola privatizadora del sistema Neoliberal en la República Dominicana, sin embargo, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial han mantenido una vigilancia y dependencia permanente a través de la deuda externa.

Hay que destacar que además de las empresas mencionadas, nacen otras que han sido los grandes negocios del sector privado, pero que por su capitalización natural deberían ser empresas del Estado, porque en lo absoluto son recursos públicos y siempre tendrán la garantía del Estado, nos referimos a la Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) y la Administradora de Riesgos de Salud (ARS) que ha son el negocio del siglo para el sector empresarial.

Los gobiernos del Dr. Leonel Fernández y Danilo Medina aunque populares por los grandes casos de corrupción, también iniciaron un proceso de transformación sin precedente de las infraestructuras del Estado, con grandes inversiones que permitió la disminución de la pobreza, la modernización y las mejoras significativas de los servicios públicos, así como la creación de nuevas empresas estatales, mejoras de la infraestructura de educación, salud y de toda la administración pública, incluido el hoy Ministerio de Administración Pública que ha estimulado la profesionalización del personal de la administración del Estado,  incluso, los pagos a los empleados que para 2004 eran en sobrecitos y cheques  pasaron a hacerse a través de cuentas bancarias en el sector público.

También se producen cambios significativos en la infraestructura jurídica, siendo la constitución del 2010 la mejor constitución que ha tenido el país, con instituciones como el Tribunal Constitucional, el Tribunal Electoral, el Defensor del Pueblo y el reconocimiento de amplias gamas de derechos constitucionales que en constituciones anteriores no existían. Una constitución que reconoce el derecho de todos y la primacía del Estado en algunas áreas prioritarias para garantizar los derechos fundamentales.

Se puede inferir que, de 2004 a 2020 hubo una pausa relativa de las políticas neoliberales, no en término absoluto, pero se puede afirmar que la crisis bancaria del 2003 y las medidas impulsadas por el FMI tuvo como consecuencia la ralentización del neoliberalismo, sin embargo, con el gobierno actual encabezado por el presidente Abinader, se observa un deterioro de los servicios públicos y constante intentos de ventas y concesiones de las empresas del Estado, esto es clara evidencia del retorno del Neoliberalismo y continuaremos analizando en otro artículo.