La  Declaración de la  Paz  y Cese de Guerras  y la Carta de las Naciones Unidas

Por ROMMEL SANTOS DIAZ

El fundamento de la Declaración de la  Paz y Cese de Guerras, lo constituye  la Carta de las Naciones Unidas desde sus preámbulos  hasta el final de su contenido. En ese orden en la DPCW, por sus siglas en ingles, se establece que los propósitos  y principios de la Carta de las Naciones Unidas y otros  instrumentos  internacionales, incluyendo la  Declaración Universal de los  Derechos Humanos  deben  ser  respetados  y  protegidos  por los Estados.

En especial, se  expresa la preocupación  de la Declaración de la  Paz y Cese de Guerras (DPCW) en  el  marco de la Carta de Naciones Unidas  la aspiración a mantener la paz y la seguridad  para dejar a las generaciones futuras  una herencia  que se califica de invaluable de un mundo libre de guerras.

Otra cuestión esencial  en ambos textos  internacionales, es la reafirmación  de la fe en los derechos humanos  fundamentales, en la dignidad y  el valor del ser humano , en la igualad de derechos entre hombres y mujeres , en  la promoción del progreso  social y la mejora  de los estándares  de vida  para la gente  y las futuras generaciones, y la  necesidad de facilitar la coexistencia  pacífica  entre las religiones , las creencias  y las etnias del mundo.

Tanto la Declaración de la  Paz y Cese de Guerras como  la Carta de las Naciones Unidas  plantean la prohibición de la amenaza  o el uso de la fuerza indicando que  los Estados  deben reafirmar  solemnemente que se abstienen del uso de la fuerza  bajo cualquier circunstancia , excepto  cuando lo permita  el derecho internacional y  de ese modo deben condenar  la agresión  puesto  que se trata  de un crimen internacional.

Un aspecto  de relevante coincidencia  de la Declaración de la  Paz y Cese de Guerras (DPCW)  con la Carta de las Naciones Unidas  es el relativo a que los Estados en sus relaciones internacionales deben abstenerse de la amenaza  o el uso de la fuerza  militar contra la dignidad territorial o la independencia política de cualquier Estado, o de cualquier otra forma incompatible con los propósitos de la Carta de las Naciones Unidas.

En una interpretación lógica de los expertos  redactores de la Declaración de la  Paz y Cese de Guerras (DPCW) se observa  el mandato de que los Estados deben prohibir  cualquier acto o amenaza  de violencia, sin importar los motivos  o los propósitos, que ocurra para el desarrollo de una actividad criminal individual o colectiva.

En la Declaración de la  Paz  y Cese de Guerras  se destaca la importancia  de la Resolución  de la Asamblea General  de las Naciones Unidas  2625 (XXV),  en la que se enfatiza  que los Estados deben fomentar  relaciones amistosas basadas en el respeto hacia el principio de la igualdad de derechos y de la libre determinación de los pueblos y debe tomar medidas apropiadas  para fortalecer  la paz universal.

En materia de convenios  internacionales  la Declaración de la Paz y Cese de Guerras  se complementa con la Carta de las Naciones Unidas  en la investigación de violaciones  del derecho internacional, en particular , violaciones graves  de los Convenios de Ginebra  y sus Protocolos  Adicionales, y deben  tomar medidas  para asegurar que los Estados , ciudadanos y corporaciones  no contribuyan a la comisión de violaciones  del derecho internacional.

En  esta importante  Resolución  de las Naciones Unidas  y en la Declaración de la Paz y Cese de Guerras  se hace un llamado a los Estados a condenar y criminalizar en su legislación interna la planificación, preparación, inicio o ejecución  de un acto de agresión  por parte de alguna persona  en  posición efectiva  para ejercer el control  o dirigir la acción política o militar de un Estado , la cual por su carácter, gravedad  y escala constituye una violación manifiesta del derecho internacional, lo que equivale a un crimen de agresión.

Finalmente, la Declaración de la Paz  y Cese de Guerras  y la Carta de las Naciones Unidas  son instrumentos de significativa contribución a la paz y la seguridad internacionales  con una vigencia  de primer orden  en el presente siglo XXI, sobre todo  por  promover  la democracia internacional, la protección y el respeto a los derechos humanos en todo el mundo.