El funcionario público, las instituciones y que Lula vuelva

Por Henry Polanco

Llamar con sinónimos a políticos, funcionarios, empleados de confianza y servidores públicos es también errado. Todo ello aumenta la confusión y la indignación ciudadana, en algunos casos innecesariamente, nos acordamos de Sergio Moró, el famoso juez independiente.

A fin de usar la terminología correcta y colaborar con una mejor difusión de información y entendimiento de las algunas reglas del Estado, pudiéramos transcribir el Artículo 4º de la Ley Marco del Empleo Público, donde se define qué es un funcionario, un empleado de confianza y un servidor público, sería repetir cómo un serial de frases y denominaciones amueblada.

Para ello hay que sumar el uso errado al momento de catalogar a las personas que trabajan para el Estado. Referirse a un funcionario de confianza es errado porque dicha categoría no existe. Llamar con sinónimos a políticos, funcionarios, empleados de confianza y servidores públicos es también errado.

Todo ello aumenta la confusión y la indignación ciudadana, en algunos casos innecesariamente, tras entenderse que el funcionario público guarda una relación con el gobierno de Turno y debe su Estatus quo al mismo quien lo nombro o eligió. 

En este sentido, funcionario público. Es el que desarrolla funciones de preeminencia política, reconocida por norma expresa, que representan al Estado o a un sector de la población, desarrollan políticas del Estado y/o dirigen organismos o entidades públicas.

Las diferencias existentes entre funcionarios y empleados o servidor públicos entre nosotros son las mismas que trazan la doctrina y la jurisprudencia francesas. 

“Son funcionarios públicos aquellos señores cuyos deberes y atribuciones están fijados por las leyes y los reglamentos”, de manera que cuando actúan representan formalmente a la administración pública en la aplicación de esas leyes y esos reglamentos, con una mayor o menor autoridad, según el plano en que se encuentren en la jerarquía administrativa».

El funcionario Público puede ser:

1. a) De elección popular directa y universal o confianza política originaria. (presidente, Congresistas, Jueces,

El servidor público es la persona que desempeña un empleo, cargo o comisión de subordinada al Estado y está obligada a apegar su conducta a los principios de legalidad, lealtad, honradez, imparcialidad, eficacia, eficiencia, de está ultimas no hay muchas, en nuestro entorno.

 El ser funcionario público en Latinoamérica implica intentar impregnar de respeto y honorabilidad sus acciones para que se traduzcan en «posibilidad» y no en falsas promesas, cómo siempre ocurre.

En la experiencia de gestoría del funcionariado público, sobre todo en sistemas democráticos que promueven la alternancia en el poder, se da un fenómeno que se conoce como «síndrome de la experticia policial»; este síndrome se activa ante la llegada de un nuevo equipo de gobierno a una institución pública, partiendo de la premisa mayor de que a quienes se va a sustituir es un equipo con vicios, con presunción de haber cometido ilícitos y se procede de manera directa a someter a interrogatorios combinados al personal. 

Se plantean hipótesis inverosímiles que van desde preguntar «usted es un corrupto o no» o si «usted conoce a alguien de la institución que haya hecho un manejo indecoroso de la cosa pública», algo muy común a todo lo ocurrido en varios países latinoamericanos, con los gobiernos salientes, y los nuevos entrantes.

 A esto lo acompaña con vigilancia controlada de las personas que ocupaban cargos de alta dirección en la institución y se va generando un barniz de situaciones que persiguen influir en el clima organizacional a través de estructuras inventadas que terminan por crear incertidumbre y caos, y con ello el debilitamiento mental de la condición natural-orgánica del talento humano que al verse bajo presión normalmente termina creyendo que los argumentos acusatorios inventados son una realidad o que de seguro se crean condiciones para comenzar a dudar del propio proceder del funcionariado en el cumplimiento de sus competencias.

De este modo, es que en el ámbito de los ministerio público, se logra cerrar casos que luego, con la experticia adecuada, se evidencia que fueron amañados y hasta malformados, habiendo personas detenidas que son inocentes y culpables que gozan de libertad plena, no será el caso dominicano. 

Esta realidad, estudiada desde el escenario de la ciencia criminalista, se ha visto aplicada a realidades organizacionales no solamente con la idea de conseguir una declaración de culpabilidad de quienes en el ejercicio de la función pública se quiere enlodar con situaciones de corrupción o manejo ilícito de recursos financieros y económicos que pertenecen al patrimonio de los Estados Nacionales, Sinó que que sé fomento cómo estrategias de mantenerse en el poder, y dé tratar como conservación de poder. 

Desde el plano de la teoría institucional, tomando ideas del norteamericano Peter Senge, experto en comportamiento organizacional, sostiene que las organizaciones tanto públicas como privadas se ven influenciadas por las expectativas sociales y presiones normativas, las cuales pueden surgir de fuentes externas o desde dentro de la propia organización; estas presiones impulsan la búsqueda de legitimación (aceptación) por el interés de cumplir con las normas formales e informales, con las exigencias de la sociedad y de los gremios de profesionales que laboran en ella.

Tales observaciones parecen legítimas al evaluar las acciones de los gobiernos dé Turnó. La adopción e incorporación de estos elementos en la estructura y diseño de la organización configuran procesos de homogenización o isomorfismos con el entorno institucional para aumentar la probabilidad de supervivencia, 

En las instituciones públicas, por ejemplo, de carácter gubernamental, se requiere ser aceptada o legitimada por su entorno (Estado, gremios, sociedad civil o ciudadanía) la figura de jefatura y las políticas de dirección de personal para poder ser exitosa y permanecer en el tiempo la mencionada institución, y en este sentido, las instituciones públicas no escapan a la realidad de mantener un estándar de legitimidad que haga de la conformidad en la organización, acciones y prácticas cuyo objetivo es incrementar las perspectivas de supervivencia y éxito, independientemente de la eficacia y eficiencia de las prácticas y procedimientos institucionalizados adquiridos.

Es decir, poco importa el producto de la gestión pública, si no el buen juicio de cómo fueron llevados los procedimientos. 

En las instituciones públicas el «conformismo» es ceñirse a los procedimientos reglamentados, y lo contrario al conformismo es «comprometerse en proyectos que den un valor agregado de popularidad y proyección al liderazgo de los funcionarios, aunque eso implique comprometer recursos financieros aún no recibidos, menos aún planificados para el año fiscal en el que se está viviendo la experiencia de experticia de una institución determinada, lo que obliga a reconocer el liderazgo va más acompañado al presupuesto que a los méritos propios que posee la capacidad de la persona, designada. 

Todo ello ocurrió en Brasil donde después de las campañas de descrédito y los escarnio público que fue sometido el Expresidente Lula da Silva, hoy se vislumbra victorioso, por aquellos mismo que decían y vociferaban en el 2018, Crucifícale, Crucifícale, Crucifícale, más hoy lo victorean y dicen hoy, Que vuelva Lula.