El Estado y el peligroso camino de la inseguridad ciudadana.

La razón existencial del Estado es garantizar seguridad para que la sociedad pueda desarrollarse y la población disfrutar del bienestar que produce el desarrollo.

 Con el paso de los años la falta de renovación y creación de política pública de seguridad junto al crecimiento de la desigualdad social incentivada por una economía cada vez menos inclusiva y concentrada en menos manos, ha incentivado un crecimiento proporcional de la inseguridad ciudadana.

Consciente de eso, uno de los temas principales del discurso político de las campañas electorales en las últimas décadas, incluidas las pasadas elecciones, es el tema de la seguridad; los candidatos prometen impulsar proyectos de combate a la delincuencia nacional e internacional, especialmente el gobierno actual, que en su momento pregonó la asesoría de exalcalde de Nueva York, Rudolph Giuliani, no obstante, alcanzado el poder el partido de gobierno no ha logrado impulsar una política inclusiva de seguridad ciudadana y la República Dominicana comienza a ver una evolución de la inseguridad en el territorio nacional.

El camino es bastante peligroso, vista la evolución de las bandas criminales en un modelo económico que viene apostando al turismo, a la inversión extranjera, las remesas y a nivel interno una economía informal que depende de la garantía de seguridad y estabilidad del Estado.

Las autoridades dominicanas deben verse en el espejo de Centroamérica, donde el principal problema que han enfrentado los países de la región ha sido el desarrollo de bandas organizadas, donde en algunos casos como el Salvador, Hondura y Guatemala; la Mara Salvatrucha y el MS-13, juegan un doble rol que sustituye el Estado; a la vez que promueven la violencia ofrecen seguridad a la población.

En estas naciones, las gangas establecen cobros arbitrarios para permitir operar negocios en diferentes demarcaciones territoriales, estos mecanismos eran desconocidos en la República Dominicana hasta los reportes de la banda “Los Menores” que utilizan estrategias similares en sectores populares de la capital como: Los Guandules, La Ciénaga y Guachupita, una clara advertencia para el Estado dominicano y sobre todo el gobierno, pues al mismo tiempo que se percibe perder la batalla contra el crimen organizado se enfrenta al desafío de las bandas haitianas ubicadas a pocos kms del territorio nacional, clara evidencia de que la inseguridad ciudadana transita un peligroso camino.

Este problema gana más espacio con cada gobierno en nuestro país, en las últimas décadas estimulado por una sociedad cada vez más mediática, donde los problemas se resuelven en los discursos políticos, pero en la práctica una imponente desigualdad insostenible que podría causar la pérdida de la capacidad del Estado para enfrentar la delincuencia y hacerle frente a un pueblo carente de las necesidades básicas de supervivencia. 

El gobierno dominicano necesita una alianza estratégica en contra de la inseguridad nacional, esa alianza debió iniciar hace décadas, a través de una economía inclusiva y la transformación de las instituciones del Estado que permita erradicar los males que arrastran las instituciones, dotar la población de una mejor educación y crear mecanismo colectivo y descentralizado de control social para limitar el crimen organizado y garantizar calidad de vida a la sociedad dominicana.

El Estado debe cambiar la narrativa en materia de seguridad ciudadana, este no debe ser un tema mediático, así mismo, el sector empresarial debe apostar a un sistema de seguridad colectivo y no de privilegio personales e institucionales como el actual, pues, el camino de este peligroso mal puede abortar las aspiraciones de todas las clases sociales en la República Dominicana de un país próspero.

El actual gobierno ha dado indicio de no creer en la capacidad del Estado, preocupa que el tema de la seguridad se convierta en un negocio más del sector privado; hoy que se habla de Fideicomiso y Alianza Público- Privada insistimos en la necesidad de que sectores, tales como: La seguridad, así como energía, educación y salud deben ser exclusivamente del Estado y en el caso de la seguridad ciudadana todos debemos ser parte de un plan integral y sostenible a corto, mediano y largo plazo.

En todo caso, a quienes más le conviene que cualquier plan de seguridad funcione es al sector empresarial, ellos son quiénes lo tienen todo y en un proceso de desintegración social, política y económica, perdería su alta rentabilidad y sucumbiría todo el bienestar alcanzado por este sector en la historia de la nación dominicana.

Finalmente, tenemos la oportunidad de diseñar la sociedad que queremos mañana, el combate a la criminalidad ciudadana en todos los niveles debe iniciar con mayor equidad económica y justicia social, esta es la responsabilidad natural del Estado, para evitar el peligroso camino de la inseguridad ciudadana.