Llaman al Ministerio de Energía y Minas a pedir perdón por contratar empresas Ligada a Punta Catalina y ODEBRECHT

El Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático, CNLCC, y el Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente, INSAPROMA, llamaron al Ministerio de Energía y Minas a que pida perdón públicamente por haber vuelto a contratar ilegalmente a Stanley Consultants y a Manatt, cuando estas empresas están implicadas en la concesión amañada del contrato de Punta Catalina a Odebrecht y en otros actos de corrupción de este proyecto.

 

Las entidades dijeron que es completamente injustificable la recontratación de estas empresas sin una licitación, además de ser violatoria a la Ley Número 340-06 de Compra y Contrataciones Pública y recientes disposiciones de la Contraloría de la República, el titular de esa cartera, ingeniero Antonio Almonte, pasó largos meses denunciando, a través de los medios de comunicación, estas consultoras por ser responsables de haber descalificado irregularmente a los demás oferentes para dejar a Odebrecht sola en el proceso de licitación y después fabricar “un oferente virtual fantasma” para impedir que este proceso fuera declarado desierto.

 

Reiteraron que el Ministerio de Energía y Minas contrató a estas empresas sin que mediara un proceso de licitación como lo denunciaron el 12 de enero pasado, y demandaron a la Dirección General de Contrataciones Públicas y a la Dirección de Ética e Integridad Gubernamental a que prosigan la investigación del caso como lo solicitaron en carta fechada, el 14 de enero pasado.

 

Comunicaron que en el día de ayer, lunes 15 de febrero, depositaron en ambas direcciones generales copia de las pruebas documentales de su denuncia y nombres de testigos que avalan esta denuncia, como una contribución a esas entidades públicas para que realicen esta investigación con prontitud y procedan a sancionar a los responsables de estas contrataciones ilegales.

 

Anunciaron que amparados en la Ley de Libre Acceso a la Información Pública, también solicitaron en el día de ayer, al Ministerio de Energía y Minas, los registros contables de los pagos y erogaciones efectuados por esa Cartera, por la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, CDEEE, y la Central Termoeléctrica Punta Catalina, CTPC, durante los meses de noviembre y diciembre de 2020 y de enero de 2021.

 

Advirtieron al Ministerio de Energía y Minas y a su titular que ocultar y alterar documentos públicos, especialmente los registros contables, constituye un delito de naturaleza penal que conlleva sanciones de privación de libertad.

 

Llamaron la atención de que al Ministerio de Energía y Minas le costara casi un mes para proceder a desmentir la denuncia de estas contrataciones ilegales.

 

Calificaron de cinismo que se niegue la verdad y se acuse de mentirosas a las personas y a las instituciones que la hacen pública. “Lo correcto era que el Ministerio de Energía y Minas, procediera a anular estos contratos y admitiera humildemente que cometió un error”, enfatizaron.

 

Informaron que de noviembre al presente, la situación ha evolucionado con estas empresas. Mientras Manatt sigue contratada aunque oculta bajo otra razón social, Stanley Consultants a finales de enero desistió del contrato, porque su casa matriz adoptó la política de no asesorar a plantas de carbón para ponerse a tono con la nueva administración gubernamental en EUA.

 

Señalaron que el Ministerio de Energía y Mina contrató a Stanley Consultants y a Manatt para que asesoraran a esa Cartera y a la administración de Punta Catalina en la eliminación del sistema de control de seguridad del aire, AQCS, para que las cenizas volantes de carbón de la termoeléctrica salieran de las plantas sin mezcla de cal, con la finalidad de que los cementeros puedan aprovechar parte de ellas para producir cemento tipo Portland.

 

Recordaron que el 29 de diciembre pasado, el ministro de Energía y Minas, Antonio Almonte y el administrador de la Central Termoeléctrica Punta Catalina, CTPC, Serafín Canario, anunciaron que se iniciarían “modificaciones técnicas que permitirán que las cenizas que se generen tengan las condiciones para que en un 90% pueda ser vendida a las fábricas de cemento del país”.

 

Especificaron que Stanley Consultants avanzó durante los últimos tres meses la elaboración de los términos de referencia de la licitación para adquirir los equipos y los servicios técnicos para desmontar el actual sistema de control de seguridad del aire, AQCS, y colocar en la chimenea un sistema electrostático para atrapar una parte de las micropartículas.

 

“Por otro lado, Manatt elaboró los términos de referencia para la consultoría financiera de Punta Catalina cuyo anuncio será publicado por el Ministerio de Energía y Minas esta misma semana”, aclararon.

 

Explicaron que aunque todavía el sistema de control de aire, AQSC, no ha sido desmontado, no está recibiendo el mantenimiento adecuado y los gases ácidos están siendo expulsados con una gran cantidad de micropartículas que contienen metales pesados, envenenando el aire que respira la población.

 

Afirmaron que desde el mediodía del martes, 9 al jueves, 11 de febrero, se formaron nubes de gases tóxicos a baja altura que se movieron desde la chimenea de la central Punta Catalina hasta la ciudad de Baní, amenazando gravemente la salud y la vida de más de cien mil personas que habitan en esta zona.

 

Precisaron que la situación de Punta Catalina está al borde del colapso debido a que las múltiples fallas estructurales obligan a operar estas plantas de forma manual sin seguir estrictamente los manuales de operaciones del fabricante, lo que ha conllevado una sobrealimentación de carbón y por tanto, la expulsión de una mayor cantidad de gases tóxicos a la atmósfera.

 

Observaron que el lunes, 18 de enero, remitieron al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales un acto de oposición y de advertencia en contra de las transformaciones de Punta Catalina asesoradas por estas consultoras.

 

“En el acto que enviamos vía alguacil exigíamos que se nos entregara en un plazo de 48 horas el Estudio de Impacto Ambiental que amparara estos cambios en Punta Catalina, y en caso de no ocurrir, le solicitábamos al ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Orlando Jorge Mera, a que ordenara la inmediata suspensión de estas modificaciones y que se aplicaran sanciones para los responsables”, puntualizaron.

 

Expusieron que si el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales hubiera actuado en cumplimiento de la ley, la ciudad de Baní y la zona comprendida entre ella y la termoeléctrica Punta Catalina, no hubieran sufrido las nubes tóxicas de esta semana pasada ni estarían bajo la zozobra de que pueda volver a ocurrir en cualquier momento un evento similar.

 

Expresaron su esperanza de que tanto las direcciones de Contrataciones Públicas y de Ética e Integridad Gubernamental como el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, actúen para cancelar y castigar estas contrataciones, así como suspender el proceso para desmontar el sistema de control de seguridad del aire.

 

Igualmente esperan que concretamente el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales ordene de inmediato apagar a Punta Catalina hasta tanto se consiga eliminar la contaminación letal a causa de la combustión a carbón de esta termoeléctrica, y también que se sancionen a los responsables de haber ordenado estos cambios en esta central sin antes realizar y presentar un Estudio de Impacto Ambiental.