Apodera Juzgado de la Instrucción contra FALCONDO

Santo Domingo: El INSAPROMA y 55 personas del municipio de Quita Sueño, San Cristobal depositaron una acusación contra la empresa minera Falcombridge Dominicana, S.A. (FALCONDO), en el Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de San Cristóbal, acusándola de haber cometido delito ambiental por negligencia e imprudencia producto del derrame de combustible ocurrido durante los meses de agosto a noviembre de 2017.

 

El Director Ejecutivo de INSAPROMA Euren Cuevas Medina y abogado de los querellantes y actores civiles manifestó que FALCONDO es reincidente en cometer delitos ambientales y señaló que en el 2008 ocurrió un derrame en la comunidad de Quinto Centenario del municipio Piedra Blanca, Monseñor Nouel, recibiendo una condena según Sentencia Civil No.664 de fecha 9 de julio del 2012, confirmada por la Sentencia No.32/2013 de la Corte de Apelación de la Vega y ratificada por la sentencia número 1319/2019 de la Suprema.

 

Refirió además el abogado ambientalista que en el 2016, producto de emisiones de gases por varios días y el daño que causó a la salud de las personas en el municipio de Quita Sueño, San Cristobal, se le impuso medida de coerción al presidente de FALCONDO y otros funcionarios, impidiéndoles salir del país y enviándolos a juicio de fondo mediante la Resolución Penal Núm.100-2016 del Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de San Cristobal y tuvieron que indemnizar las familias afectadas.

 

El sustento de la acusación se basa en los informes del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como la Resolución de Sanción Administrativa, que afirman en dichos informes que FALCONDO fue negligente, que no tomó medidas ni antes, ni después del derrame, que no tenía señalización, que no da mantenimiento y una serie de imprudencias más que los artículos 174 y 175 de la ley 64-00 sobre medio ambiente y recursos naturales califican de delito ambiental.

 

Manifiestan las victimas que los tres (3) meses que duró el derrame en su comunidad, vivieron un infierno, con terror de encender las estufas, dormir con un ojo abierto y otro cerrado, y los gases que emitían el NAFTA, era terrible tal como lo recoge el informe de los técnicos de la Dirección Provincial de San Cristobal de medio ambiente.

 

La querella y constitución en actor civil incluye una acción de clase para resarcir a todos los dañados, representados por los 55 que figuran en la acusación y por ello están solicitando al tribunal que imponga una condena civil de doce millones de dólares americanos o su equivalente en pesos.