CEPAL identifica al menos ocho nudos críticos que obstaculizan el desarrollo social inclusivo en la región

El organismo regional de las Naciones Unidas presenta un nuevo estudio en el marco de la Tercera Reunión de la Conferencia Regional sobre Desarrollo Social de América Latina y el Caribe, que se inaugura este martes en Ciudad de México.

(30 de septiembre, 2019) Al menos ocho nudos críticos, entre ellos la persistencia de la pobreza, las desigualdades estructurales, el déficit de trabajo decente y de protección social, la insuficiente inversión social, las diversas formas de violencia y los desastres y el cambio climático, están impidiendo a la región alcanzar un desarrollo social inclusivo, plantea la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en un nuevo estudio.

El documento Nudos críticos del desarrollo social inclusivo en América Latina y el Caribe: antecedentes para una agenda regional será presentado oficialmente por la Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena, durante la Tercera Reunión de la Conferencia Regional sobre Desarrollo Social de América Latina y el Caribe que se celebra del 1 al 3 de octubre en Ciudad de México.

El evento, organizado por la CEPAL, el Gobierno de México y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), congregará a ministros, ministras y altas autoridades de Desarrollo Social de América Latina y el Caribe, quienes discutirán la aprobación de una propuesta de agenda regional de desarrollo social inclusivo.

Los ocho nudos críticos y desafíos emergentes del desarrollo social inclusivo identificados por la CEPAL son: 1) la persistencia de la pobreza y de la vulnerabilidad a la pobreza; 2) las desigualdades estructurales, injustas e ineficientes, y la cultura del privilegio; 3) las brechas en el desarrollo de capacidades humanas —educación, salud y nutrición— y de acceso a los servicios básicos;  4) los déficits de trabajo decente y las incertidumbres asociadas a los cambios tecnológicos en el mundo del trabajo; 5) un acceso aún parcial y desigual a la protección social; 6) una institucionalidad social en construcción; 7) un nivel de inversión social insuficiente; y 8) nudos emergentes: diversas formas de violencia; creciente exposición a desastres y a los efectos del cambio climático; transiciones demográfica, epidemiológica y nutricional; migraciones; y cambios tecnológicos y nuevas capacidades requeridas.

“Avanzar en el compromiso de una agenda regional de desarrollo social inclusivo es indispensable en la actual coyuntura regional”, sostiene Alicia Bárcena. Una agenda de esta naturaleza debe atender de forma prioritaria los nudos que limitan el acceso de parte significativa de la población al goce efectivo de sus derechos y al bienestar, como vía para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en la región, remarca la alta funcionaria.

Según los últimos datos de la CEPAL, en 2017 el número de personas en situación de pobreza en América Latina llegó a 184 millones, equivalente al 30,2% de la población, de los cuales 62 millones (10,2% de la población) se encontraban en situación de pobreza extrema.

Al analizar la desigualdad en la distribución del ingreso en la región, se observa, entre 2002 y 2017, una reducción del índice de Gini (de 0,534 a 0,466), aunque el ritmo de descenso se enlenteció a partir de 2014. Pese a este avance, América Latina y el Caribe sigue siendo la región más desigual del mundo, y las desigualdades asociadas al estrato socioeconómico se suman a las desigualdades de género, étnicas, raciales, territoriales y aquellas relacionadas con las diferentes etapas del ciclo de vida de las personas, conformando los “ejes estructurantes de la desigualdad social en la región”, dice la Comisión.

Respecto al déficit de trabajo decente, la CEPAL recuerda que, en 2016, el 41,7% de las personas ocupadas en América Latina recibían ingresos laborales inferiores a los salarios mínimos nacionales, y este porcentaje era especialmente elevado entre las mujeres jóvenes (60,3%). En esa misma línea, en 2017 la tasa de pobreza entre las personas ocupadas en empleos de baja productividad (30,4%) triplicó la de los ocupados en empleos de alta productividad (11,3%).

El adecuado financiamiento de las políticas sociales es un factor clave para el logro del desarrollo social inclusivo, indica el estudio. Aunque el monto de gasto social per cápita promedio del gobierno central prácticamente se duplicó entre 2002 y 2016, llegando a una media de 894 dólares por persona, las diferencias entre subregiones y países son muy grandes. Mientras en América del Sur alcanzó los 1.175 dólares per cápita promedio, en los países de Centroamérica, México y la República Dominicana llegó solo a los 579 dólares. A modo de comparación, el promedio de gasto social de los países de la Unión Europea en 2016 alcanzó el 28,1% del PIB, mientras que en América Latina esta cifra fue del 11,2% del PIB.

Entre los nudos emergentes identificados por la CEPAL se destacan las diversas formas de violencia. “América Latina y el Caribe es la región más violenta del mundo, algo inesperado dado su nivel de desarrollo económico, político y social”, dice el documento. La tasa de homicidios de la región es cinco veces mayor que el promedio mundial (22,1 homicidios y 4,4 homicidios por cada 100.000 personas, respectivamente). Pero las elevadas tasas de violencia no solo corresponden a homicidios, sino también a otras expresiones de violencia, como asaltos e incidentes de violencia sexual y de género, los cuales se asocian, asimismo, a otros fenómenos como el racismo y la homofobia.

Por otra parte, los desastres naturales y los desastres “tecnológicos” (principalmente de origen industrial y de transporte) han aumentado en los últimos 60 años de manera constante. Mientras los naturales han aumentado 4,4 veces en las últimas décadas, los tecnológicos se han incrementado 16,1 veces, informa la CEPAL. Esto hace que sea cada vez más indispensable diseñar estrategias tanto para reducir la exposición de la población a estos eventos como para enfrentarlos, fortaleciendo sistemas de protección social capaces de reducir la vulnerabilidad de las personas por medio de la garantía de niveles básicos de ingreso y del acceso a servicios sociales de salud, educación y vivienda, entre otros. En muchos casos, “los desastres son causa y consecuencia de la pobreza y la vulnerabilidad”, concluye el organismo.