AGUA POTABLE ¿MERCANCÍA O DERECHO?

Por Fabián Díaz Casado

«(…) La escasez de agua contribuye a las condiciones de extrema pobreza, provocando privaciones sociales e impidiendo el desarrollo, creando tensiones en regiones conflictivas. Con demasiada frecuencia, donde hace falta agua, encontramos armas. […] Todavía hay suficiente agua para todos nosotros, pero solo si la mantenemos limpia, la usamos prudentemente y la compartimos equitativamente». Ban Ki-moon, Secretario General de la ONU.

El agua es el principal elemento para la existencia y desarrollo de la vida. Es un recurso valioso, imprescindible pero finito y no renovable. Eso obliga a la gente a depender del suministro de este recurso para suplir las necesidades que le permiten sobrevivir como especie. Vivir sin agua o sujeto a las reglas del mercado para adquirirla es una violación fragrante al derecho a la vida y los principios elementales que rigen a los pueblos.

Según la Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el 40 por ciento de la población del planeta sufre escasez de agua, una proporción que aumentará hasta dos tercios de población para 2050, se señala en el documento. Es una cifra astronómica que se incremente cada día, ya que la demanda de agua es inversamente proporcional a la oferta disponible. La desertificación avanza, reforzados por los efectos del cambio climático.

La humanidad ha visto la desaparición de miles de lagos, lagunas, ríos, arroyos y manantiales. Ese proceso de desertificación se acelera, ante la mirada indiferente de gobiernos y organismo internacionales que dicen mucho pero hacen poco para palear o superar el grave problema.  Esperar cambios favorables sin actuar consciente y responsablemente sin actuar para provocarlos es impensable.

“Cerca de 1.200 millones de personas, casi una quinta parte de la población mundial, vive en áreas de escasez física de agua, mientras que 500 millones se aproximan a esta situación. Otros 1.600 millones, alrededor de un cuarto de la población mundial, se enfrentan a situaciones de escasez económica de agua, donde los países carecen de la infraestructura necesaria para transportar el agua desde ríos y acuíferos”, dice la ONU.

Este preámbulo sirve para contextualizar los aspectos generales de este problema en el mundo y de paso llamar la atención por la falta de acción y compromiso con el Medio Ambiente y la ineficiencia de las políticas de protección de los Recursos Naturales, especialmente el agua y la cubierta boscosa que la protege. Pegar gritos a las nubes no provocará lluvias pero seguramente permitirá remover el manto de la indiferencia.

Garantizar el acceso a fuentes acuíferas de calidad y evitar que los mercaderes, tutumpotes, terratenientes y oligarcas se apoderen de las aguas es una responsabilidad directa del Estado y sus instituciones. A juzgar por las evidencias y las realidades que se observan queda un largo trecho por recorrer para que los gobiernos y tomadores de decisiones comprendan que la Política es para servir y no para servirse.

Llegará el día en que los pueblos elegirán gobiernos que les representen, defiendan los recursos naturales, garantices la provisión de servicios de calidad con equidad y transparencia. Solo bajo un esquema de responsabilidad y compromiso se puede crear las condiciones para romper con los modelos económicos y políticos que generar pobreza, exclusión y marginalidad.

Hay leyes, pactos internacionales, acuerdos y protocolos que han pretendido colocar el tema de la crisis del agua en un plano visible. El país lleva varios años discutiendo el tema de la regulación, se han presentado varios anteproyectos sin que hasta el momento se hayan concretado esos esfuerzos. Las tendencias privatizadoras han impuesto su lógica retrasado su aprobación.

Los resultados hablan por sí solo: cada vez hay menos agua, está más contaminada y el precio en el mercado avanza en una alocada carrera que nadie sabe adónde llevará a los pueblos. Esto tiene como telón de fondo la ineficiencia de las políticas aplicadas y la desregulación del sector, sumado a la debilidad institucional y la falta de acción colectiva de los pueblos.

En República Dominicana la situación es desesperante. El modelo económico ha permitido que un alto número de hogares carezcan de servicio de agua, aun en zonas que producen abundante agua. Pagar el servicio no es garantía de agua en la casa. Por tanto, los registros basado en la disponibilidad de grifos en las casas vía contratos con las prestadores de servicios como el Instituto Nacional de Aguas Potable (INAPA), entre otros, no reflejan la realidad. Es una cuestión de estadísticas porque en realidad el servicio de agua en el territorio nacional es costoso y precario, a pesar de algunos esfuerzos que se han hecho.

Ante esta realidad se requiere un abordaje amplio de la cuestión que incluya, los temas de regulación, control, producción, procesamiento, gestión y servicio de agua potable. Esperar resultados buscando las causas de los problemas en los acueductos o en las márgenes de los ríos no sirve de mucho. Es necesario e importante pero hay que ir a las montañas donde nacen los manantiales, arroyos y arroyuelos que nutren esas fuentes.

Mirar los cauces de los ríos dominicanos, especialmente en el Sur del país genera pánico. El impacto de la acción humana expresado en la deforestación y la extracción de agregados ha hecho de estas fuentes de vida un espantoso desierto. Exigir responsabilidades y aplicar las sanciones que correspondan ante este ecocidio es un imperativo ético impostergable.

El impacto de la escasez de agua es demoledor, primordialmente en los sectores más empobrecidos. Las enfermedades vinculadas a la calidad o la disponibilidad de agua potable y las deficiencias en los sistemas de saneamiento de las aguas servida amenazan seriamente la vida en la tierra. Cambiar prácticas de usos de suelo y proteger la cubierta boscosa para hacer que el mundo sea habitable ética y ecológimente es una responsabilidad que debe ser asumida con la seriedad que el momento amerita.

Ir a las cuencas y microcuencas; evaluar el estado de situación y preparar un inventario lo más completo posible para usar esas informaciones en el diseño de políticas de intervención que detengan la catástrofe que se vislumbra sería más que cualquier cosa un acto de justicia con la naturaleza. Trabajar en el reforzamiento de la responsabilidad en cuanto a los usos puede servir para ir creando lo que se ha denominado como una cultura del agua.

Es la acción humana la que ha provocado, con su actitud depredadora e irresponsable, la penosa situación que viven varias provincias del país. Eso no puede ni debe continuar. Se requieren acciones urgentes que viabilicen soluciones integrales y sostenibles. Es necesario que se prioricen las inversiones, poniendo énfasis en la protección y renovación de las cuencas y microcuencas; así como evitar la contaminación y extracción desproporcionada de las aguas subterráneas.

Gobernantes y gobernados deben asumir la responsabilidad que les corresponde. El gobierno definiendo políticas claras y transparentes que paren el deterioro progresivo de los acuíferos; bien sea legislando o interviniendo. Evitar la privatización y estableciendo reglas claras que complementen la normativa vigente.

Hay que anotar que la normativa ayuda, sí es buen y adecuada pero no resuelve el problema. Más que de leyes este es un tema de cultura de uso del agua y falta de autoridad. Se requiere involucrar a la gente en la solución del problema tanto en la protección como en la gestión del denominado “oro azul”.

Gestionar adecuadamente la poca agua dulce queda implica accionar colectivamente, asumir los compromisos, hacer las inversiones que correspondan y pagar por los servicios ambientales a quienes dedique esfuerzos a la protección de los acuíferos. No es posible que los beneficios se centren en quienes comercializan con el agua dejando sin tomar en cuenta a quienes cuidan y protegen las montañas.

¿Agua para quienes puedan pagarla? ¿No es el acceso a agua potable un derecho humano fundamental? ¿Qué harán los liderazgos locales? ¿Qué hará el Estado y las instituciones públicas? ¿Actuarán los gobiernos locales? ¿Qué hará empresariado? ¿Qué hará la humanidad ante esta seria amenaza? ¿Cuáles son las acciones que se encaminan para enfrentar el problema? ¿Permitirán que las aguas sigan yendo a las fincas en vez de a los acueductos? ¿Cómo reaccionará la gente cuando el hambre y la sed amenazan con extinguirla? ¿Quién paga los daños al medio ambiente y paga por el saqueo de los recursos naturales? ¿Ha renunciado el Estado al mandato establecido en la Constitución dominicana y la Ley 64-00?

En conclusión, el agua como recurso finito, tiene que ser protegido y manejado como una cuestión de seguridad nacional, ya que las crisis generan conflictos y la lucha por agua es una cuestión de vida o muerte. Tanto la protección, como la regulación son responsabilidad exclusiva del Estado. De igual modo, la garantía del derecho a agua potable, como derecho humano también le compete; así como también controlar y regular el creciente mercado que se desarrolla en torno al tema.

El agua es una cuestión de derecho, no es ni debe ser un lujo o un privilegio para quienes puedan pagarlo. La crisis de agua que vive el mundo de hoy y especialmente la República Dominicana debe mover a un debate amplio y responsable que supere la politiquería. Es tiempo de actuar articulada e integralmente y el Estado debe crear las condiciones para ese diálogo produzca las soluciones que se requieren.