Justicia y Transparencia (FJT), saluda inicio del pacto eléctrico y espera actores entiendan que la electricidad es un bien público y no un negocio

La Fundación Justicia y Transparencia (FJT), saludó el inicio del proceso de discusión y consenso para el pacto eléctrico, como única vía y alternativa para garantizar un sector eléctrico justo, transparente, eficiente y sostenible.

El presidente de la entidad de sociedad civil, Trajano Potentini, pidió a los actores involucrados en el proceso, y en particular a las autoridades gubernamentales a que entiendan que la electricidad es un bien público y no un negocio, y como tal debe el estado garantizar y priorizar el interés colectivo por encima del interés particular y privado.

Para Justicia y Transparencia seria indispensable contemplar y discutir en el pacto eléctrico, la eliminación y unificación en un solo órgano del grupo de entidades en que se ha divido el sector eléctrico, como si se tratara de un pastel que ha sido repartido como botín de guerra para políticos y empresarios, con estructuras compuestas por consejos de dirección, donde sus miembros devengan sueldos que van desde los 400 mil pesos en adelante.

Potentini entiende que es indispensable sacar del tema eléctrico y de la administración de sus órganos la clientela política, la eliminación o anulación de los contratos leoninos y una reforma integral en el plano jurídico que garantice con reglas claras y definidas, el no volver a caer en el secuestro a que ha sido sometido por grupos empresariales el sector eléctrico.

Finalmente la FJT agradeció al Presidente Medina su inclusión como entidad comisionada por decreto para el pacto eléctrico, al tiempo de garantizar que la fundación jugara su rol de defensa del interés general, trabajando sin descanso durante todo el proceso de dialogo que abarcara unos 6 meses, donde desde ya un equipo de la entidad bajo la coordinación del ingeniero y experto en temas eléctricos Emil Alayon Ogando preparan una propuesta para entregar en calidad de aporte al país y al consejo económico y social como entidad rectora del proceso de discusión.