Ley Monsanto: La condena de la agricultura chilena

El proyecto de Ley conocido popularmente como «Ley Monsanto» prentende poder ampliar el alcance de los derechos sobre la propiedad intelectual de las semillas reguladas por la ley Nº 19.342 (2), con la que Chile se adhirió en octubre de 1994 al acta UPOV-78.

Este sistema de patentes otorga a las empresas el control sobre quienes compran semillas, especialmente sobre pequeños agricultores, prohibiéndoles separar parte de su cosecha para la siguiente siembra como lo han hecho desde hace siglos.

 “Estas leyes son el marco legal que respalda la producción de Organismos Genéticamente Modificados (OGM) que, acompañada por paquetes tecnológicos, esclavizan a los productores y agricultores  no asegurando la buena salud de quienes comen estos alimentos. Perjudican y poner en serio riesgo la economía local, la biodiversidad y la soberanía alimentaria» señalaron desde la entidad.

 Con la promesa de obtener un mejor rendimiento, las compañías ofrecen semillas genéticamente modificadas preparadas para tolerar agroquímicos que matan todo organismo vivo que no haya sido modificado para tolerarlo. Esto conlleva graves problemas de contaminación para el suelo y las comunidades locales. Luego, las empresas o los gobiernos de donde estas provienen presionan para patentar sus semillas y lograr leyes de este tipo que le permitan demandar judicialmente a cualquier productor que use dicha tecnología sin permiso. Incluso quienes no han sembrado semillas transgénicas pero sus plantas han sido polinizadas de modo natural por las primeras, son susceptibles de enfrentar juicios millonarios.

 Desde la organización aclararon que “Es alarmante el avance de las compañías multinacionales sobre la agricultura, buscando, una vez más, legislaciones nacionales que se adapten a sus negocios. Esta línea de acción ya está presente en américa Latina. Estos paquetes de leyes profundizarán la dependencia económica de nuestros países en favor de empresas multinacionales en directo desmedro de los agricultores y la biodiversidad local» agregó Samuel Leiva, coordinador de campañas de la entidad.

 Para Greenpeace el futuro de la agricultura y la ganadería requiere una producción moderna que se relacione con la naturaleza y la gente de forma sustentable. Para ser social y ambientalmente sostenible se debe prohibir la utilización de agroquímicos y de organismos genéticamente modificados (OGM), también conocidos como transgénicos.

 “La industria agroquímica asegura que este tipo de alimentos salvarán al planeta y alimentarán al mundo, pero lo que en realidad nos dan son promesas vacías, escándalos de contaminación y la apropiación de nuestros alimentos por parte de las corporaciones”, advirtió Matías Asún, director de la organización ambientalista.

 Greenpeace promueve un modelo agrícola ecológico que priorice los recursos y el conocimiento de los agricultores orgánicos, que proteja a los alimentos y a los productores agrícolas de las corporaciones y, al mismo tiempo, reclama el derecho de los consumidores a saber si sus alimentos fueron modificados genéticamente, consolidando el etiquetado de los alimentos con ingredientes transgénicos.

 Este rechazo ha sido apoyado por numerosas entidades campesinas, agrícolas y ambientales las que hicieron un llamado el pasado 1 de noviembre (3) para “trabajar para que las semillas, el suelo y el agua, bases de la soberanía alimentaria, vuelvan a pertenecer al dominio público como pilares que sustentan la vida en la Tierra.

 Finalmente, afirman que las semillas no pueden pertenecer a nadie en particular ni ser parte de un registro estático. Deben estar en manos de quienes las siembran, en manos campesinas estableciendo de hecho, legítimamente, que pueden y deben circular libre y dinámicamente, perteneciendo al dominio público.

Fuente original: http://www.greenpeace.org