Afipa dice hay que establecer servicios legales para enfrentar distorsiones comercio ante OMC y Dr-Cafta

El presidente y vicepresidente de Afipa, Julio Lee y Ramón Castillo, entregan al ministro de Agricultura, Angel Estévez, las conclusiones y recomendaciones del segundo congreso de esa entidad.

Santo Domingo: La Asociación de Fabricantes e Importadores de Productos Fitosanitarios Agrícolas (Afipa) consideró que en el país hay que establecer servicios especializados legales para crear mecanismos de defensa ante las distorsiones de comercio exterior con las inequidades ante la OMC y el Dr-Cafta para las salvaguardas especiales agrícolas y antidumping.

Dijo que en esas acciones deben participar las  instituciones  del sector agropecuario, como el  Ministerio de Agricultura, Ministerio de  Relaciones Exteriores (Dirección de Comercio Exterior -DICOEX-), CEI-RD, Ministerio de Medio Ambiente y el Ministerio de Industria y Comercio, entre otras.

Además, sostiene que hay que modernizar el sector agropecuario para que pueda lograr su verdadero desarrollo.

Explicó que para esa meta  hay que integrar a los sectores productivos y educativos en  los planes y proyectos del sector agropecuario oficial, reestructurar el gasto de las instituciones del sector agropecuario  en proyectos de inversión con rubros que tengan  perfiles competitivos para darle valor agregado y promover un gran pacto silvo-agropecuario que impulse todo el sector agrícola, pecuario, forestal y piscícola.

Esas son partes de las conclusiones y recomendaciones del Segundo Congreso Internacional Productividad y Rentabilidad para la Competitividad y Sostenibilidad, realizado recientemente por Afipa y que fueron entregadas al ministro de Agricultura, Angel Estévez, por el presidente y vicepresidente de Afipa, Julio Lee y Ramón Castillo.

Dijeron que en estos momentos varios rubros sensibles del sector agropecuario están siendo amenazados de reducir sus áreas de siembra y sus productores ser desplazados junto a sus familias y su entorno.

Indicaron que el país tiene unos  30,500 productores de arroz,  de los cuales el 84% posee menos de 50 tareas. Su costo de producción es de RD$17,50/kg contra RD$10.50 en Estados Unidos, con financiamiento de 10% anual contra 4% y menos.

Señalaron que nos enfrentamos a los productores de EU, quienes gozan de beneficios, como subsidios, grandes áreas de siembra que permiten tener economía de escala y alta inversión de recursos en investigación y desarrollo.

Además, e l cultivo de arroz es el mayor empleador del campo dominicano. La desaparición de su producción dejaría insegura la alimentación del pueblo dominicano ante coyunturas internacionales de precios, divisas y carestía inducidas por la naturaleza.

Lee y Castillo expresaron que el subsector lechero familiar es uno de los motores de crecimiento y desarrollo económico más importante en las áreas rurales, en donde muchos pequeños ganaderos tienen vacas de doble propósito con potreros de carretera con  10 animales o menos  y una producción de leche de subsistencia con unos 5 litros de leche diarios/animal.

Agregaron que el déficit productivo de leche alcanza un 60%, lo que significa que falta apoyo a la producción  nacional, aunque  representa un 22,7% de la canasta familiar. Se tiene ganado de doble propósito con 48%: 26%  de carne y 16% especializado para leche.

Los dos directivos de Afipa dijeron que el  tercer renglón crítico, respecto al Dr-Cafta, es el de los pollos. Se estima que la población consume 15 millones de unidades de pollos al mes y que unos 17,000 dominicanos viven de ese subsector. Los galpones de producción son obsoletos y un reemplazo implicaría una inversión mayor a RD$200 millones.

Precisaron que con cerca de tres millones de personas que dependen directa e indirectamente de la producción agropecuaria, amenazados frente a la apertura del DR-CAFTA, y las grandes debilidades que afectan su desempeño.

Entre esas debilidades citaron la distribución de la tenencia de la tierra en minifundio, el  bajo nivel de escolaridad rural,   la dificultad de acceso y altas tasas de interés de los financiamiento, la reducida inversión en investigación y desarrollo y el poco apoyo de transferencia tecnológica.

También la alta estructura de costos, la incertidumbre e inestabilidad de los mercados, la  reducida inversión en desarrollo de capacidades (recursos humanos e infraestructura), la baja inversión presupuestaria al sector agrícola y el escaso presupuesto para planes de calidad e inocuidad agro-alimentaria.

Igualmente, la reducida  inversión en conservación de recursos naturales, la dispersión de las entidades del sector agropecuario,  bajo nivel de conocimiento del manejo integral de la agricultura y la  obsolescencia del marco legal y falta de adecuación de las entidades del sector público agropecuario frente a los nuevos roles del Estado en la promoción del