Durante los \u00faltimos once a\u00f1os, el Partido Revolucionario Moderno (PRM) ha pasado de ser una fuerza emergente del sistema pol\u00edtico dominicano a convertirse en partido de gobierno. En ese trayecto, su discurso fundacional \u2014centrado en el cambio, la transparencia, la institucionalidad y la lucha contra la corrupci\u00f3n\u2014 ha sido puesto a prueba por una serie de casos judiciales, denuncias administrativas y procesos de deportaci\u00f3n vinculados al narcotr\u00e1fico que han afectado a dirigentes, funcionarios y allegados pol\u00edticos.<\/p>\n
El PRM surgi\u00f3 formalmente en 2014 como una escisi\u00f3n del antiguo Partido Revolucionario Dominicano (PRD) y con el cambio de nombre del tambi\u00e9n existente partido Alianza Social Dominicana (ASD), liderado por la Familia del hoy presidente. Su consolidaci\u00f3n se produjo con la victoria presidencial de Luis Abinader en 2020, en un contexto de desgaste institucional tras 16 a\u00f1os de gobiernos del PLD.<\/p>\n
La promesa central del nuevo gobierno fue el fortalecimiento del Ministerio P\u00fablico independiente y el combate frontal a la corrupci\u00f3n administrativa. De hecho, desde 2020 se han desarrollado procesos judiciales de alto perfil contra exfuncionarios de administraciones anteriores, lo que fue presentado como evidencia de una nueva etapa institucional, sin embargo, los casos de corrupci\u00f3n y narcotr\u00e1ficos no se hicieron esperar.<\/p>\n
Casos de corrupci\u00f3n: entre el discurso y la pr\u00e1ctica<\/strong><\/p>\n No obstante, diversos episodios han generado cuestionamientos sobre la coherencia interna del partido. Investigaciones del Ministerio P\u00fablico y de la C\u00e1mara de Cuentas han involucrado a alcaldes, directores de distritos municipales y funcionarios designados en entidades descentralizadas vinculados al PRM.<\/p>\n Entre los patrones observados en los expedientes p\u00fablicos se encuentran: Sobrevaluaci\u00f3n de contratos municipales, irregularidades en compras y contrataciones, uso indebido de fondos p\u00fablicos en ayuntamientos y conflictos de inter\u00e9s en designaciones administrativas.<\/p>\n Si bien el gobierno ha insistido en que ning\u00fan funcionario cuenta con \u201cprotecci\u00f3n pol\u00edtica\u201d y que los procesos siguen su curso judicial, sectores de la sociedad civil y la oposici\u00f3n han se\u00f1alado que el desaf\u00edo no es solo judicializar, sino prevenir estructuralmente la corrupci\u00f3n mediante reformas profundas en los sistemas de control interno, compras p\u00fablicas y fiscalizaci\u00f3n parlamentaria.<\/p>\n Desde una perspectiva comparada, los \u00edndices internacionales de percepci\u00f3n de corrupci\u00f3n muestran leves variaciones en los \u00faltimos a\u00f1os, pero mantienen a la Rep\u00fablica Dominicana con retos estructurales en materia de transparencia y rendici\u00f3n de cuentas.<\/p>\n En las redes ha circulado una \u201cpeque\u00f1a lista\u201d de casos que, a su juicio, evidencian irregularidades, esc\u00e1ndalos administrativos y situaciones cuestionables durante los primeros cinco a\u00f1os del gobierno encabezado por el presidente Luis Abinader, del Partido Revolucionario Moderno (PRM).<\/p>\n La enumeraci\u00f3n incluye expedientes administrativos, investigaciones judiciales, renuncias de funcionarios, denuncias p\u00fablicas y controversias medi\u00e1ticas en distintas instituciones del Estado.<\/p>\n Casos citados conocidos en los medios sociales:<\/strong><\/p>\n Deportaciones por drogas<\/strong><\/p>\n Otro elemento que ha marcado la narrativa pol\u00edtica ha sido el incremento de casos de dominicanos deportados desde Estados Unidos y Europa por delitos relacionados con narcotr\u00e1fico. Aunque este fen\u00f3meno no es exclusivo de un partido ni de un per\u00edodo gubernamental espec\u00edfico, algunos de los deportados han tenido v\u00ednculos directos o indirectos con estructuras pol\u00edticas locales.<\/p>\n La cooperaci\u00f3n entre la Direcci\u00f3n Nacional de Control de Drogas (DNCD) y agencias como la Drug Enforcement Administration (DEA) ha permitido operaciones conjuntas y extradiciones relevantes. Sin embargo, la recurrencia de casos donde actores pol\u00edticos o exaspirantes a cargos p\u00fablicos aparecen vinculados a redes criminales ha generado preocupaci\u00f3n sobre los filtros \u00e9ticos en la selecci\u00f3n de candidaturas.<\/p>\n Especialistas en criminolog\u00eda advierten que el narcotr\u00e1fico tiende a infiltrarse en estructuras pol\u00edticas locales mediante financiamiento de campa\u00f1as, patrocinio comunitario y v\u00ednculos clientelares. En ese contexto, la debilidad de los mecanismos de control partidario puede facilitar la penetraci\u00f3n del crimen organizado en el sistema democr\u00e1tico.<\/p>\n Miguel Guti\u00e9rrez D\u00edaz:<\/strong> Exdiputado por Santiago. Arrestado en Miami (2021) y condenado a 16 a\u00f1os de prisi\u00f3n<\/strong> por narcotr\u00e1fico y lavado de activos.<\/p>\n Yamil Abreu Navarro:<\/strong> Exdirector de la Junta Municipal de Las Lagunas, Azua. Extraditado en 2020 por nexos con el narcotr\u00e1fico internacional.<\/p>\n Edickson Herrera Silvestre (Yeyea):<\/strong> Regidor por La Romana. Arrestado en Estados Unidos (2025) bajo cargos de narcotr\u00e1fico.<\/p>\n En mayo de 2025, fue destituido\u00a0Fabio Augusto Jorge-Puras<\/strong>, exasesor honor\u00edfico para las Zonas Francas, acusado por un jurado federal de\u00a0distribuir coca\u00edna entre Rep\u00fablica Dominicana, Colombia y Estados Unidos<\/strong>\u00a0entre 2019 y 2020.<\/p>\n Otro caso es el de\u00a0Gaspar Antonio Polanco Virella<\/strong>, exdirector de Servicios P\u00fablicos de la Alcald\u00eda del Distrito Nacional, se\u00f1alado por autoridades estadounidenses como\u00a0parte de una red internacional de narcotr\u00e1fico<\/strong>. En octubre de 2025, viaj\u00f3 voluntariamente a\u00a0Miami<\/strong>\u00a0para entregarse a las autoridades.<\/p>\n A esta lista se suma\u00a0Edickson Herrera Silvestre<\/strong>, regidor del PRM por el Distrito Nacional, quien se entreg\u00f3 en mayo tras ser acusado de\u00a0integrar una red internacional de tr\u00e1fico de coca\u00edna<\/strong>. Fue suspendido en septiembre por el\u00a0Consejo de Regidores<\/strong>\u00a0del cabildo capitalino.<\/p>\n Igualmente figura\u00a0Rosa Pilarte<\/strong>, exdiputada de Santiago y esposa de\u00a0Miguel Arturo \u201cMicky\u201d L\u00f3pez<\/strong>, tambi\u00e9n vinculado al crimen organizado. Fue\u00a0condenada a cinco a\u00f1os de prisi\u00f3n por narcotr\u00e1fico<\/strong>, lo que le impidi\u00f3 reelegirse en el Congreso.<\/p>\n Tambi\u00e9n los esposos\u00a0Juan Maldonado<\/strong>\u00a0y\u00a0Faustina Guerrero Cabrera<\/strong>, dirigentes del PRM en El Seibo, fueron se\u00f1alados en la\u00a0Operaci\u00f3n Falc\u00f3n<\/strong>, una amplia investigaci\u00f3n de lavado de activos provenientes del narcotr\u00e1fico. Maldonado fue suspendido como titular de la\u00a0Direcci\u00f3n General Comunidad Digna<\/strong>.<\/p>\n Responsabilidad institucional y desaf\u00edos pendientes<\/strong><\/p>\n Desde el punto de vista jur\u00eddico, la responsabilidad penal es individual. No obstante, en el \u00e1mbito pol\u00edtico la responsabilidad es tambi\u00e9n institucional y \u00e9tica. La fortaleza de un partido en el poder se mide por su capacidad de: Establecer filtros rigurosos en la selecci\u00f3n de candidatos, transparentar el financiamiento electoral, promover auditor\u00edas independientes y permanentes e impulsar reformas que reduzcan la discrecionalidad administrativa.<\/p>\n A once a\u00f1os de su fundaci\u00f3n, el PRM enfrenta el reto de consolidar su narrativa anticorrupci\u00f3n con resultados sostenibles y verificables. El combate al narcotr\u00e1fico y la corrupci\u00f3n no solo requiere persecuci\u00f3n penal, sino pol\u00edticas p\u00fablicas preventivas, fortalecimiento institucional y una cultura de integridad en la funci\u00f3n p\u00fablica.<\/p>\n El balance de estos once a\u00f1os muestra luces y sombras. Por un lado, se han desarrollado procesos judiciales in\u00e9ditos en la historia reciente del pa\u00eds; por otro, persisten denuncias y casos que erosionan la credibilidad del sistema pol\u00edtico en su conjunto.<\/p>\n M\u00e1s que un debate partidario, la discusi\u00f3n remite a la calidad de la democracia dominicana. La corrupci\u00f3n y el narcotr\u00e1fico no distinguen colores pol\u00edticos; penetran all\u00ed donde encuentran debilidad institucional. El desaf\u00edo, por tanto, trasciende al PRM y se convierte en una tarea de Estado: fortalecer la transparencia, blindar el sistema electoral y garantizar que el ejercicio del poder p\u00fablico est\u00e9 subordinado, sin excepciones, al imperio de la ley.<\/p>\n Finalmente, al PRM no se le perdona que en campa\u00f1a vendi\u00f3 un cambio que nunca lleg\u00f3; para mucho opinologos el pa\u00eds ha pasado de tapar la corrupci\u00f3n en los gobiernos pasados a lavar la corrupci\u00f3n en el gobierno actual.<\/p>\n <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" La promesa central del nuevo gobierno fue el fortalecimiento del Ministerio P\u00fablico independiente y el combate frontal a la corrupci\u00f3n administrativa. 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