Noticias y opiniones desde República Dominicana
El ministro de Administración Pública (MAP), Ramón Ventura Camejo, afirmó que para la aplicación de la Ley General de Salarios que aprobó el Congreso, solo falta que el Poder Ejecutivo apruebe el reglamento que regirá la legislación.
La decisión del TSA acoge la acción de amparo incoada por la Fundación Justicia y Transparencia (FJT), y otros accionantes, debido a que la Dirección General de Aduanas (DGA) vulneró el derecho al debido proceso administrativo, que implica la sujeción de la administración pública al ordenamiento jurídico nacional, que debe fundamentarse en el respeto irrestricto a la legalidad, en sentido amplio.
En el acuerdo también se establece que el FONPER entregará la suma de 18 millones de pesos, dividió en 12 cuotas iguales de un millón 500 mil pesos, las partes acordaron renovar para el 2015 la firma de esta parte del convenio.
a procuradora general Administrativa, Evelyn Escalante, pidió que conste en acta que se le ha vulnerado “flagrantemente” su derecho de defensa en la decisión de medida cautelar dictada por el tribunal. “Por lo que partiendo del hecho de que hacemos nuestras reservas para posteriores recursos, entendemos, y así queremos que conste, que la medida precautoria que se ha dictado en el día de hoy (ayer) ha sido dictada violentando la Constitución de la República y el derecho que tiene la Administración a ser oída”.
La Fundación Justicia y Transparencia (FJT), por intermedio de su, presidente Trajano Potentini informó que el Tribunal Superior Administrativo (TSA), fusionó para conocer en conjunto mañana miércoles 13 agosto a las 2:00 de la tarde, el amparo preventivo de urgencia de la fundación junto con el interpuesto recientemente por la Asociación Dominicana de Empresas de Courier (ASODEC).
La medida fue adoptada por los magistrados Federico Fernández, presidente del TSA, y los jueces Mildred Fernández y Rafael Ciprián, miembros, luego de acoger un pedimento de Justicia y Transparencia de aplazar el conocimiento de la audiencia a los fines de citar y poner en causa como intervinientes forzosos a la Defensoría del Pueblo y al Instituto Nacional de Protección del Consumidor (Pro-Consumidor), para que asuman su rol constitucional de protectores de los derechos fundamentales de los usuarios y consumidores.
La acción constitucional de amparo en contra de aduanas, estará dirigida a impedir la conculcación y violación de varias disposiciones legales, incluyendo la constitución y tratados internacionales, tales como el Decreto 402-05 de fecha 26 de julio de 2005, la Ley 277-12 y la Ley 358-05, sobre la protección de derechos del consumidor o usuario, los artículos 53, 93 y 110 constitucionales y el Tratado de Libre Comercio “DR-CAFTA”.
FJT emplaza a la Defensoría del Pueblo y a Pro-Consumidor para que vengan en auxilio del pueblo ante el abuso de poder del Director de Aduana, ademas hizo un llamado a los países miembros del Dr. Cafta para que vigilen y exijan respeto y cumplimiento del Tratado de Libre Comercio.
En el Distrito Nacional fueron inauguradas la ampliación y remodelación de la Escuela Unida 27 de Febrero, en María Auxiliadora, y el Centro de Estudio Laboral María Concepción Bona, en Villa Consuelo, obras que en su conjunto conllevaron una inversión de 262 millones 893 pesos.
La Fundación Justicia y Transparencia (FJT), mediante nota de prensa suscrita por su Presidente, Trajano Vidal Potentini, afirmó hoy que el Decreto No. 250-14, de fecha veintitrés (23) de julio de 2014, convierte a la República Dominicana en una especie de zona franca migratoria en la que cualquier persona puede con suma facilidad acreditar su nacimiento y en plazo mínimo de dos años obtener su nacionalidad sin mayores contratiempos, además de que todos los gastos en que se incurran estarán a cargo del Estado Dominicano.
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