Crece la polémica en Ecuador por la extracción compulsiva de sangre a indígenas por parte de EEUU
Sacaron 3.500 muestras a la tribu Huaorani, conocida por su resistencia a las enfermedades. Un 80% de las extracciones se realizaron sin el consentimiento de los indígenas. Las autoridades de Quito acusan a tres entidades de Estados Unidos de haber actuado con fines comerciales.
Una fuerte polémica se desató en Ecuador en torno a extracciones de sangre ilegales realizadas por científicos estadounidenses en una de las tribus amazónicas, conocidas por su resistencia a las enfermedades.
Las autoridades de Quito acusan a tres entidades de Estados Unidos de haber actuado con fines comerciales al sacarle sangre a miembros de la comunidad huaorani, con unas 3.000 personas actualmente y que hace décadas vivía en aislamiento voluntario en la Amazonia ecuatoriana.
Unas 3.500 muestras de sangre fueron tomadas allí hace más de 20 años entre unos 600 miembros que entonces integraban esa etnia, que presenta «características (genéticas) únicas a nivel mundial», anunció esta semana el secretario de Educación Superior y Ciencia de Ecuador, René Ramírez.
Un 80% de las extracciones fue tomado sin el consentimiento de los indígenas, y cuando «nadie sabía que tenían fines de investigaciones», según el funcionario.
Tres organismos de Estados Unidos son señalados por el gobierno ecuatoriano: la petrolera Maxus, con sede en Texas y que operaba en la provincia amazónica de Orellana (este) hasta los años 1990, el Instituto Coriell de investigaciones médicas, con base en Nueva Jersey (noreste), y la Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard.
«Se comprobó que el Instituto Coriell tiene en sus bases muestras y vende material genético de la nacionalidad huaorani. Estas muestras fueron adquiridas a un científico de la Escuela de Medicina de Harvard», de acuerdo con la Defensoría del Pueblo de Ecuador (DPE), que denunció el caso en julio de 2012.
El Instituto Coriell admitió haber estado en posesión de material genético de la tribu huaorani, que obtuvo de un investigador de la Escuela de Medicina de Harvard, así como haber distribuido muestras.
El martes, Coriell precisó en un comunicado que sólo recibió, en 1991 y de manos de un investigador que no identificó, «un solo tubo» que contenía «una línea celular linfoblastoide establecida a partir de una muestra de sangre de un individuo huaorani».
El Instituto agregó que «no obtuvo beneficios relacionados con la recepción, almacenamiento o distribución» de las muestras y añadió que la muestra original fue retirada en 2010 y ya no está disponible para investigaciones.
Testimonios recibidos por la DPE señalan que los huaorani fueron engañados por dos estadounidenses, entre ellos un médico de Maxus, aduciendo que las extracciones serían usadas para exámenes cuyos resultados nunca entregaron.
El titular del DPE, Ramiro Rivadeneira, dijo que estas muestras ilegales probablemente se tomaron en otros países que comparten la selva amazónica.
«Estamos seguros de que, tratándose de comunidades indígenas, no ocurrió solamente en Ecuador», expresó Rivadeneira el martes al canal estatal ECTV.
«Hay comunidades indígenas importantes en otras zonas de la Amazonia, en Perú, en Bolivia, por lo que creemos que posiblemente estas muestras también fueron tomadas» fuera del país, agregó.
«Empezaremos la lucha»
Rivadeneira recordó que Brasil «hace muchos años» había iniciado un proceso contra Coriell.
En agosto de 1996, dos científicos brasileños denunciaron a través de Internet la venta ilegal por parte de Coriell de muestras de ADN provenientes de las tribus karitania y suruí, que habitan el estado amazónico de Rondonia, en la frontera con Bolivia.
En Ecuador, el caso había sido revelado hace dos años y el presidente Rafael Correa, quien sostuvo que «esto rompe cualquier ética», de inmediato anunció que se demandaría ante tribunales internacionales a las entidades estadounidenses involucradas.
Pero el viernes pasado, el mandatario socialista admitió que «no existe ninguna ley federal de Estados Unidos que provea un fundamento jurídico para la demanda en cortes contra Coriell, Maxus o los investigadores» de Harvard.
«Empezaremos la lucha; va a ser difícil», declaró Correa, cuyo gobierno mantiene relaciones conflictivas con Estados Unidos.
La Constitución de Ecuador prohíbe el uso de material genético y la experimentación científica que atente contra los derechos humanos.»Todo lo que represente biopirateo está mal», dijo el genetista César Paz y Miño, decano del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la universidad privada UDLA de Quito.
«Encontrar variantes que proporcionen características de resistencia al medio (…) ha llamado la atención siempre a los investigadores de afuera y han encontrado maneras de extraer sangre no de forma muy ética», señaló.
Hace dos años, la embajada de Estados Unidos en Quito había negado que su gobierno tuviera relación alguna con el hecho. Un portavoz de esa legación consultado el martes por la AFP rechazó hacer comentarios al respecto.
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